El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, ha expresado que la Alcaldía no ha tenido responsabilidad en el traslado del Samán de El Cigarral durante el fin de semana. En lugar de ello, ha afirmado que el árbol tiene más del 90% de posibilidades de sobrevivir, según expertos en la materia.

A pesar de que se ha realizado una poda debido a una enfermedad llamada guatepajarito y algunas ramas enfermas, el tronco principal y las raíces del árbol han sido salvados y replantados adecuadamente.

El Samán se encontraba en un terreno privado que actualmente está siendo utilizado para la construcción. Los propietarios del terreno solicitaron permiso a la Alcaldía de El Hatillo para trasladar el árbol, pero el permiso fue denegado ya que el Samán es una especie protegida.

Permiso  del Ministerio de Ecosocialismo

Los propietarios, por otro lado, obtuvieron las autorizaciones necesarias del Ministerio de Ecosocialismo y llevaron a cabo el traslado del árbol bajo los parámetros legales establecidos.

El árbol se encuentra actualmente en el parque El Cigarral, a petición de los vecinos. El alcalde ha reiterado que todo el proceso ha sido sometido a rigurosos controles tanto por parte del Ministerio de Ecosocialismo como de la asociación de vecinos El Cigarral.

Es importante destacar que el traslado del Samán no implica su tala, como se ha afirmado en algunos lugares, sino que ha sido replantado en un nuevo lugar. La Alcaldía de El Hatillo ha negado el permiso para talar el Samán dado su estatus como especie protegida. El apoyo que se ha brindado a la asociación de vecinos con algunos fertilizantes, según lo solicitado, demuestra la intención de preservar la salud del árbol y protegerlo.

Por Antonio García
6tovision

El escándalo de corrupción en PDVSA sigue sumando empresas y nombres a su lista de implicados. Recientemente ha salido a la luz pública otra empresa del mexicano Joaquín Leal Jiméne. Se trata de OMSK Trading, una compañía registrada en Serbia que habría actuado como intermediaria en la gestión de buques petroleros administrados por Erik Roveta para Álvaro Pulido, según documentos de la fiscalía que investiga el caso.

La estafa a la estatal petrolera en este caso asciende a dos mil millones de dólares en facturas impagadas, de las cuales más de 500 millones forman parte del acuerdo de alianza e intercambio de alimentos por petróleo firmado por el entonces ministro de agricultura Wilmar Castro Soteldo en sociedad con el entonces vicepresidente de comercio y suministro, Coronel Antonio Pérez Suárez, quien actualmente se encuentra detenido.

La magnitud de esta trama de corrupción en PDVSA es alarmante, ya que se estima que el desfalco asciende a más de 21 mil millones de dólares. Las autoridades continúan investigando y tratando de desenmarañar este entramado de empresas y personas involucradas en el saqueo de la empresa estatal petrolera venezolana.

Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos.

Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela contra Erik Roveta por haber estafado a un grupo de empresarios ligados al sector agrícola y agroindustrial del país. Dentro del entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 21 mil millones de dólares, en combinación con el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro, José Antonio Pérez Suárez, actualmente detenido, y el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, lograron atraer coaccionando a empresarios del sector agrícola y agroindustrial del país ofreciéndole pagos por la estatal petrolera para compensarles con petróleo la producción de arroz, maíz, carne y pollos, entre otros productos del sector alimentos y salud.

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos. Castro Soteldo ya no tiene cómo ocultar su participación en las quiebras y entregas de instalaciones agroindustriales.

Su participación en la triangulación CLAP-Cuspal-Pdvsa, donde no solo quedaron debiendo más de 300 millones de dólares a empresarios del sector si no que con ellos justificaban los programas de compensaciones con empresarios como Alejandro Arroyo, los hermanos Khalil y Walid el Hage entre otros.

Corrupción en PDVSA llegó al sector agrícola

Esta estafa durante el 2021 y 2022 no solo quebró a muchos medianos y pequeños empresarios sino generó una gran escasez de alimentos en el país afectando a todos los venezolanos y desestabilizando la economía nacional. Roveta está actualmente acusados por tráfico ilícito de material estratégico y financiamiento al terrorismo según el artículo 34 de la Ley.

Se pudo conocer que el principal armador griego para estas operaciones estructuradas para delinquir fue George Moundreas, en varios buques de transporte petrolero. El buque más emblemático es el MT Nikel de Moundreas , que simplemente levó anclas y se fue del país sin permiso de zarpe dejando impagada la factura completa a Pdvsa por el petróleo a bordo.

El buque MT Gent, de Roveta y sus socios, está a la espera de descarga por falta de pago, según los términos de venta a United Petroleo Corp, una empresa panameña registrada para emular la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia fue crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a la que le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa, según reportó Associated Press.

Para la coordinación de los manejos de efectivo, los operadores financieros utilizaban a José Youssef Boutros, un cambista local en Venezuela. Donde se coordinaba las estructuras financieras ficticias para poder utilizar plataformas bancarias de primer nivel, para manejar a su antojo el dinero estafado a PDVSA.

Leal Jiménez y sus socios fueron sancionado por el Departamento del Tesoro (OFAC) y Álvaro Pulido, actualmente detenido en Venezuela, por su parte fue acusado en 2021 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida por obtener millones de la corrupción a través de contratos del programa de entrega de alimentos CLAP, y de pagar sobornos y comisiones a funcionarios del gobierno en Venezuela que aprobaban tales contratos. Es acusado además, de lavar dineros producto de la corrupción y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.