Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos.

Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela contra José Luis Chávez y Erik Roveta por haber estafado a un grupo de empresarios ligados al sector agrícola y agroindustrial del país. Dentro del entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 21 mil millones de dólares, en combinación con el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro, José Antonio Pérez Suárez, actualmente detenido, y el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, lograron atraer coaccionando a empresarios del sector agrícola y agroindustrial del país ofreciéndole pagos por la estatal petrolera para compensarles con petróleo la producción de arroz, maíz, carne y pollos, entre otros productos del sector alimentos y salud.

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con José Luis Chávez , Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos. Castro Soteldo ya no tiene cómo ocultar su participación en las quiebras y entregas de instalaciones agroindustriales.

Su participación en la triangulación CLAP-Cuspal-Pdvsa, donde no solo quedaron debiendo más de 300 millones de dólares a empresarios del sector si no que con ellos justificaban los programas de compensaciones con empresarios como Alejandro Arroyo, los hermanos Khalil y Walid el Hage entre otros.

Corrupción en PDVSA llegó al sector agrícola

Esta estafa durante el 2021 y 2022 no solo quebró a muchos medianos y pequeños empresarios sino generó una gran escasez de alimentos en el país afectando a todos los venezolanos y desestabilizando la economía nacional. José Luis Chávez y Roveta están actualmente acusados por tráfico ilícito de material estratégico y financiamiento al terrorismo según el artículo 34 de la Ley.

Se pudo conocer que el principal armador griego para estas operaciones estructuradas para delinquir fue George Moundreas, quien a su vez es socio de Chavez, en varios buques de transporte petrolero. El buque más emblemático es el MT Nikel de Moundreas , que simplemente levó anclas y se fue del país sin permiso de zarpe dejando impagada la factura completa a Pdvsa por el petróleo a bordo.

El buque MT Gent, de Roveta y sus socios, está a la espera de descarga por falta de pago, según los términos de venta a United Petroleo Corp, una empresa panameña registrada para emular la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia fue crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a la que le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa, según reportó Associated Press.

Para la coordinación de los manejos de efectivo, los operadores financieros José Luis Chávez Calva y Siri Evjemo-Nysveen utilizaban a José Youssef Boutros, un cambista local en Venezuela. Chávez Calva desde Dubái coordinaba las estructuras financieras ficticias para poder utilizar plataformas bancarias de primer nivel, para manejar a su antojo el dinero estafado a PDVSA.

Leal Jiménez y sus socios fueron sancionado por el Departamento del Tesoro (OFAC) y Álvaro Pulido, actualmente detenido en Venezuela, por su parte fue acusado en 2021 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida por obtener millones de la corrupción a través de contratos del programa de entrega de alimentos CLAP, y de pagar sobornos y comisiones a funcionarios del gobierno en Venezuela que aprobaban tales contratos. Es acusado además, de lavar dineros producto de la corrupción y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) podría indagar sobre la muerte de Leoner Azuaje, quien era presidente de Cartones de Venezuela y pocas horas antes de morir fuera detenido por las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de la presunta lucha contra la corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.  

Captura de pantalla

Además de Azuaje, esta semana, el fiscal general chavista del Ministerio Público, Tarek William Saab, informó sobre la muerte de Juan Almeida, conocido por su cercanía con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami e identificado como el hacker de alias “N33”.  

Almeida se encontraba bajo arresto domiciliario, tras ser detenido por supuestamente estar involucrado en hechos de corrupción. 

Las indagaciones de los mencionados casos podrían darse, si se reanudan las investigaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la CPI, de acuerdo a expertos consultados por la Voz de América (VOA).  

En este sentido, Liliana Ortega, abogada y fundadora de una de las ONG defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, Cofavic, remarcó que la acción de la Fiscalía de la CPI “está paralizada” hasta tanto la Sala de Cuestiones Preliminares no decida sobre el recurso interpuesto por el régimen chavista. 

MUERTE DE AZUAJE

Una autopsia confirmó el supuesto «suicidio» de Azuaje, dijo Saab, ante los cuestionamientos de la familia y organizaciones de derechos humanos.

La autopsia dio como resultado» que Leoner Azuaje Urrea, de 39 años y uno de los 61 detenidos en operativos anticorrupción en el país durante las últimas semanas, «muere por asfixia mecánica», publicó Saab en Twitter.

«Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público» determinaron que Azuaje Urrea usó «sábanas para ahorcarse» en su sitio de reclusión en la sede del servicio de inteligencia en Caracas, agregó el fiscal.

«También se hallaron varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión por él tomada de atentar contra su vida», añadió Saab, quien aseguró que una entrevista con un psicólogo tratante del exfuncionario corroboró que «trastornos y signos de ataque de ansiedad».

Con información de AFP y VOA

La presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, ha desmentido categóricamente los comentarios hechos por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en los que afirmaba que PJ había propuesto devolver la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Citgo, al régimen de Nicolás Maduro a cambio de la habilitación política de Henrique Capriles para las elecciones presidenciales de 2024.

Martínez negó rotundamente esta afirmación y calificó las declaraciones de Cabello como «mentirosas y sin base». También señaló que la postura del régimen chavista sobre Citgo es evasiva y busca eludir la responsabilidad que tienen en la situación actual de la filial de PDVSA.

En este sentido, la reciente suspensión temporal otorgada por un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos a Venezuela, que impide que seis empresas participen en la subasta judicial de Citgo, es una muestra del grave peligro que atraviesa la refinadora de propiedad venezolana.

Acreedores han recibido derechos para apoderarse de acciones

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los acreedores han recibido derechos para apoderarse de acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding, desde marzo de este año.

Entre estas empresas se encuentran una unidad de OI Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Koch Minerals, Rusoro Mining y Gold Reserve. Estas empresas habían ganado embargos condicionales en un caso federal que permitió el proceso de subasta de las acciones para pagar una sentencia de $970 millones ganada por la minera Crystallex.

Es importante destacar que la situación actual de Citgo ha generado gran preocupación en la sociedad venezolana, dado que la refinadora es una de las principales fuentes de ingresos del país y su futuro es incierto tras la crisis económica y política que atraviesa Venezuela. Por lo tanto, es importante que se tomen medidas concretas para proteger los intereses de la empresa y del pueblo venezolano en general.