El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ha reportado que el valor de la Canasta Alimentaria correspondiente al mes de abril de 2023 se situó en Bs 9.798, equivalentes a US$ 390, lo cual representa un aumento de 0,58% en comparación con el mes anterior.

Al comparar el costo de la cesta con las remuneraciones promedio del sector privado en abril (US$ 142 mensuales), se revela que dichas remuneraciones cubrieron únicamente el 36% del valor de la canasta, mientras que el sector público apenas alcanzó para adquirir el 9% de la misma.

Esta situación refleja la significativa vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores venezolanos, especialmente los más de cinco millones de pensionados del Seguro Social que devengan solamente US$ 5 mensuales de pensión mínima más un bono de US$ 30.

EN otras palabras; los venezolanos no pueden cubrir el 98,21% de los 80 productos que integran la cesta básica, lo que evidencia una grave crisis económica y la falta de acceso a alimentos básicos para gran parte de la población.

La ONG Fundaredes denunció este jueves que grupos armados irregulares mantienen la extorsión contra ganaderos del país, especialmente de los estados Apure, Táchira y Zulia, para “financiar sus actividades delictivas e implementar el control social”.

“El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad, así como el desarrollo de la actividad agropecuaria están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales”, señaló la ONG.

Asimismo, dijo que en estas regiones, además de Barinas se “imponen las reglas de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano y otros grupos armados”.

“El ELN (Ejército de Liberación Nacional) está involucrado en todo tipo de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero su papel continuo en facilitar el contrabando de ganado puede ser uno de los más ignorados”, apuntó.

La ONG, prosiguió, ha denunciado en “reiteradas oportunidades” ante instancias regionales y nacionales la presencia y actuación de grupos irregulares contra la población en general y los productores agropecuarios de la frontera colombo-venezolana.

“Lamentablemente, la respuesta del Estado venezolano ha sido prácticamente nula e insuficiente, pues los hechos persisten en detrimento del derecho a la propiedad y a la seguridad personal, y contraviniendo el resguardo de la soberanía nacional de agentes armados externos“, agregó.

El pasado 7 de mayo, el gobernador chavista Freddy Bernal, informó que, al menos, ocho personas resultaron heridas al explotar una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña por “bandas criminales” del país andino que extorsionan a comerciantes.

Bernal señaló que en Colombia han vuelto a “estructurarse poderosas bandas criminales” que “han desatado una ola de violencia” en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Táchira, que “pretenden ahora extender” al país caribeño, donde “han comenzado, hace unos dos meses, aproximadamente, a amenazar a los comerciantes (y) a los industriales”.

Con información de EFE

n juez federal en Houston desestimó los cargos penales contra un banquero suizo acusado de ayudar a esconder millones en sobornos pagados a altos funcionarios petroleros venezolanos por largas demoras en llevar el caso a juicio.

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El juez Kenneth Hoyt dictaminó el miércoles que las demoras injustificadas en los juicios violaron el derecho constitucional de Paulo Murta a un juicio rápido dentro de los 70 días posteriores a la acusación.

Murta fue acusado en 2019 de cargos de lavado de dinero como parte de una extensa investigación de varios años sobre corrupción en la compañía petrolera estatal venezolana, Pdvsa. Fue extraditado a los Estados Unidos por su Portugal natal después de una larga lucha legal y pasó nueve meses en prisión preventiva antes de ser liberado el año pasado con una fianza de $75,000.

Los fiscales le pidieron a Hoyt que suspendiera su orden durante al menos siete días mientras presentan una apelación ante el 5º Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, que supervisa los procedimientos federales en Houston.

“Murta está acusado por su papel en un esquema de soborno y lavado de dinero en el extranjero en expansión. La sociedad tiene un interés significativo en que esos cargos sean adjudicados”, escribieron los fiscales de la división de fraude del Departamento de Justicia. “Si este Tribunal se equivocó al desestimar la acusación y no se concede la suspensión, esos intereses sociales se verán frustrados”.

Es la segunda vez que Hoyt desestima los cargos contra Murta. En 2022, descubrió que los fiscales carecían de jurisdicción para acusar al ciudadano extranjero, pero el quinto circuito revocó el fallo y el caso se devolvió a Hoyt.

Murta, que trabajaba para una empresa suiza no identificada estrechamente relacionada con los banqueros del imperio financiero portugués Banco Espirito Santo, fue acusada de crear préstamos falsos y establecer empresas ficticias en Suiza, Curazao y Dubái para ocultar las ganancias del esquema de soborno de Pdvsa.

Los fiscales dijeron que estaba actuando como agente de dos empresarios venezolanos y un exfuncionario de la compañía eléctrica estatal de Venezuela, quienes se declararon culpables de participar en el esquema de soborno mediante el cual los proveedores buscaban un trato favorable de Pdvsa.

The Associated Press