Fernando A Martinez
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El Banco Sofitasa, una entidad financiera venezolana, ha estado en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que su verdadero dueño es Francisco Flores, un empresario con un pasado cuestionable y vínculos en la industria petrolera. Flores adquirió el banco junto a su equipo, pero se han enfrentado a dificultades debido a que no tienen experiencia en el sector bancario, ya que provienen del mundo petrolero y son contratistas de PDVSA, donde aún mantienen sus negocios.

Sofitasa es una entidad financiera venezolana que se encuentra en el puesto 15 del ranking de bancos del país. A pesar de no ser uno de los bancos más grandes, Sofitasa ha logrado mantenerse en el mercado gracias a su solidez financiera y a la confianza que ha generado entre sus clientes.

Francisco Flores es un empresario venezolano que trabajó en Corpoven y mantiene vínculos con el expresidente de PDVSA y ahora embajador de Venezuela, Rafael Ramírez. Flores tiene un puñado de empresas en Venezuela y Panamá, siendo la compañía Electricidad e Instrumentación C.A (Enilca) su principal fuente de ingresos. Sin embargo, esta empresa estuvo involucrada en un juicio por el impago de dinero acordado a los antiguos dueños.

En 2015, un yate perteneciente a Flores Suárez fue descubierto en la La Romana, República Dominicana, con alijos de droga. El yate lleva por nombre «Kingdom», misma identidad que tienen sus empresas. A pesar de que algunos medios dominicanos han asociado a Flores Suárez con el caso de los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, quienes fueron capturados en Haití con supuestos cargamentos de droga, no existe ninguna relación entre Francisco Flores y la primera dama de la República.

Flores Suárez adquirió la cartera accionaria de la empresa Electricidad e Instrumentación, C.A. (Enilca), con la cual ha estado involucrado en un juicio por el impago del dinero acordado a sus antiguos dueños. Pero es Enilca la que se convierte en la principal fuente de ingresos al hacerse con jugosos contratos con la estatal petrolera Pdvsa y Desarollos Urbanos S.A.

Enilca se le asignan dos contratos para la construcción de viviendas en El Marite en Maracaibo y en el sector el Danto de Ciudad Ojeda. Estas obras son otorgadas en la época en la que José Luis Parada Sánchez, fungía como director de la antigua Ducolsa. Ese exgerente se encuentra hoy detenido e imputado por presunta corrupción. Pero desde 2004
Parada Sánchez, quien fue la mano derecha de Rafael Ramírez, y que estuvo detenido e imputado por presunta corrupción. Las relaciones de Flores Suárez y la familia Parada Sánchez se evidencian al revisar archivos antiguos de otra empresa panameña, Opyg Investment Inc.

Además, se encontró un caso domiciliado en el Distrito Sur del estado de Florida, en el que Flores pide que se le devuelva una aeronave Beechcraft Super King Air 300 que la DEA incautó. El expediente es el número 1:15-cv-23717 y se refiere a una moción de solicitud de Francisco Enrique Flores Suárez, aunque queda la duda de si este ciudadano correspondería efectivamente al único llamado Francisco Enrique Flores Suárez registrado en los archivos de identificación de Venezuela.

En resumen, Francisco Flores es un controvertido empresario venezolano que ha adquirido el Banco Sofitasa sin tener experiencia en el mundo bancario. Flores ha estado involucrado en varios negocios en Venezuela y Panamá, siendo Enilca su principal fuente de ingresos. A pesar de su controvertida reputación, Flores se ha convertido en uno de los dueños más importantes del sector bancario en Venezuela.

Banco de Venezuela, el banco del estado, el mas grande del país, el que tiene la mayor cantidad de usuarios. Habría sido víctima de LockBit, un grupo de hackers dedicado al Ransom. Les dan hastaEl grupo de hackers LockBit vulneró el sistema del banco Venezuela, el más importante de el país. Por ahora, los hackers piden a las autoridades pagar por el “rescate” de los datos, dando como fecha tope el 10 de mayo.

En caso de no realizar el pago, toda la información robada será publicada. Es importante aclarar que el dinero de los usuarios no se vio afectado por este ataque, pues solo robaron la información disponible en los servidores.

Mientras que el banco de Venezuela a través de un comunicado indica que su plataforma esta en total y pleno funcionamiento.

A pesar del comunicado, no se aclara si realmente el Banco sufrió algún tipo de violación de su seguridad . El Grupo e Hacker ha confirmado en su pagina y se a atribuido el ataque a la misma.

Dos horas más tarde, Alejandro Grisanti, director y fundador de Ecoanalítica, indicaba haber confirmado la información sobre el hackeo a la institución bancaria.

«He podido confirmar la información sobre el hackeo de los sistemas del Banco de Venezuela. Al parecer pueden tener toda la información del banco y de sus clientes secuestrada por varias semanas. Piense en toda la información que tiene su TDC, y que la misma caiga en malas manos», indicó a través de la red social del pajarito.

LockBit en Venezuela

El LockBit es un nuevo ataque de ransomware en una larga línea de ciberataques de extorsión. Antes conocido como el ransomware «ABCD», se ha convertido en una amenaza única en el ámbito de estas herramientas de extorsión. LockBit es una subclase de ransomware conocido como «virus de cifrado» que exige como rescate el pago de dinero a cambio de descifrar archivos. Se centra más en las empresas y organizaciones gubernamentales y no tanto en los particulares.

Los primeros ataques con LockBit comenzaron en septiem

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de julio de 2023 la licencia que impide que los tenedores del bono PDVSA 2020 actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana, CITGO.

Este martes, el Tesoro publicó la licencia número 5K, que sustituye la 5J que había sido emitida en enero de 2023 y que mantenía la protección a CITGO hasta el 20 de abril de 2023

El Tesoro ha explicado que durante el periodo en que esté en vigencia esta licencia está prohibida “la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el el Gobierno de Venezuela tiene una participación del 50 por ciento o más”.