Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su esposo fueron sentenciados este miércoles a 15 años de prisión y tres años de libertad condicional por un tribunal de Florida.

La sentencia establece que deberán devolver US$136 millones en activos y efectivo, equivalente al beneficio que obtuvieron al participar en un esquema corrupto de lavado de dinero que desangraba las arcas del Estado venezolano.

Además, cada uno debe pagar una multa de US$75.000.

En diciembre de 2022, Díaz Guillén había sido declarado culpable de dos de los tres cargos de lavado en su contra en un tribunal de Florida.

Su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fuera jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el gobierno de Chávez, fue declarado culpable de los 3 cargos en su contra.

En cuanto a la sentencia, la Fiscalía había pedido una pena de 23 años y 5 meses para ella y de 19 años y 5 meses para él.

De la comitiva de Chávez a una prisión de EE.UU.

Díaz Guillén era miembro de la Guardia de Honor, organismo encargado de la seguridad de los presidentes venezolanos, y parte del equipo de médicos y enfermeras que atendieron a la fallecida mandataria, quienes terminaron nombrándola como Tesorera Nacional, cargo en el que – según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos logró enriquecerse a través de un esquema corrupto de lavado de dinero.

El juicio en su contra fue la culminación de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, debido a un pedido de extradición de las autoridades venezolanas que los acusan de presuntos delitos de blanqueo de capitales e ilícitos. enriquecimiento. .

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Díaz Guillén fue enfermero de Chávez y, posteriormente, Tesorero Nacional.—

La solicitud de Caracas no prosperó, pero en 2022 las autoridades españolas dieron luz verde a una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

En una entrevista con BBC Mundo en diciembre de 2018, Díaz Guillén defendió haber accedido a esos cargos públicos por méritos propios.

Explicó que, en paralelo a su vida militar, estudió para obtener las licenciaturas en Enfermería y Derecho en la Universidad Central de Venezuela.

Eso le habría permitido, luego de haber ingresado a la Guardia de Honor en 2001, incorporarse al equipo de médicos y enfermeras que atendió a Chávez en 2003..

En 2011, año en que Chávez fue diagnosticado con cáncer, el presidente venezolano designó a Díaz Guillén como titular del Tesoro Nacional de Venezuela y como secretario ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden).

Permaneció en ese cargo hasta marzo de 2013, cuando fue destituida por Nicolás Maduro.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, entre 2011 y 2013 Díaz Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones pagado por el empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, quien actualmente es buscado por la justicia estadounidense.

Supuestamente, el pago de estos recursos tendría como finalidad permitir a Gorrín realizar operaciones de cambio de divisas en el marco del estricto sistema de control de cambios establecido por Chávez en Venezuela.

En ese momento, dada la enorme brecha entre el precio oficial del dólar y la cotización no oficial, adquirir divisas al precio preferencial fijado por el gobierno y venderlas en el mercado paralelo era una operación que podía generar jugosas ganancias.

Díaz Guillén enfrentaba cargos de concierto para lavar dinero y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses ven en su esposo una pieza instrumental para estas operaciones porque supuestamente parte de los sobornos fueron pagados a través de transferencias a su nombre o de empresas de su propiedad.

A diferencia de muchos otros exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez que han sido juzgados en Estados Unidos -como Alejandro Andrade, el anterior tesorero nacional-, Díaz Guillén no ha admitido culpabilidad alguna en los delitos de los que se le acusa.

Los abogados de la pareja dicen que tienen la intención de apelar la sentencia.