La precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, admitió que el video viral en el que un hombre la agrede verbalmente y le lanza agua es un montaje.

A través de su cuenta de Twitter, Ortiz pidió excusas por haberse viralizado esta falsa agresión, aunque aseguró que ella no sabía que esto era una puesta en escena, sino que responsabilizó a la agencia publicitaria con la que trabaja. “Me disculpo profundamente por lo ocurrido”, dijo

Desde que el video de la agresión fue difundido en redes sociales hubo cuestionamientos sobre su veracidad, pero no fue hasta la noche del miércoles cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó una serie de pistas que permitieron comprobar el montaje.

“Si alguien necesita a un gran actor en Cali, no duden en contactar a Fernando Palechor, de la agencia de publicidad Mulatos», publicó el mandatario local acompañado por una imagen del hombre que simuló ser un agresor.

Ante esta falsedad, el alcalde de Medellín, quien ofreció diez millones de recompensa de su sueldo por información del presunto agresor, enfatizó que «la violencia machista es una realidad que les cuesta la vida a muchas colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos”.

El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, Edgar Cárdenas, reportó que en lo que va de 2023 se han registrado 50 agresiones a la prensa.

Precisó que entre enero y mayo del 2023, el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas, registró 50 casos que atentan contra la libertad de expresión e información:

• Hostigamiento (5)
• Intimidación (10)
• Amenazas (14)
• Cierre de emisoras de radio (3)
• Cierre programas de radio (4)
• Ataque a medio de comunicación (1)
• Impedimento de cobertura (11)
• Allanamiento de sede de medio de comunicación (1)
• Ataques físicos (1)

El dirigente gremial denunció que “desde las altas esferas gubernamentales se insiste en hostigar a la prensa libre para intentar silenciar la información, tratando de imponer además una matriz informativa sin apego a la verdad y al interés colectivo”.

Cárdenas también se refirió a la gravedad de los casos de periodistas y otros trabajadores de la prensa, con juicios abiertos en tribunales, entre ellos:

• Roland Carreño, 2 años preso injustamente, por una retaliación política
• Ana Belén Tovar, 3 años esperando audiencia preliminar en causa que se le sigue por publicación efectuada en el medio Entorno Inteligente
• Carlos Debiais, 17 meses preso por fotografiar instalaciones de la refinería de Amuay, a pesar que tribunal emitió boleta de excarcelación
• Ramón Centeno,16 meses preso, en espera de audiencia, por entrevista efectuada a sujetos presuntamente involucrados con el narcotráfico
• Jesús Medina, 6 años en juicio, sin decisión

Para el dirigente gremial «estos juicios son injustos, manteniendo una política arbitraria en contra de periodistas y demás trabajadores de la prensa, a quienes se les dictan medidas judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso, solo por cumplir con su labor de informar».

Destacó que «el uso del poder judicial para perseguir la libre difusión de información afecta el trabajo que deben cumplir comunicadores y medios, vulnerando el derecho a informar y estar informados. Los gobiernos democráticos están obligados a promover, defender y proteger los derechos humanos, donde debe existir equidad, justicia, bajo el respeto de la constitución nacional, demás leyes de la República así como los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos».

«Alertamos que seguimos atravesando una reducción en el derecho a ejercer la libertad de expresión, que desde el poder se insiste en limitar o restringir el derecho a informar y estar informados, utilizando vías directas e indirectas que apuntan hacia la criminalización del periodismo», agregó.

«A pesar de la compleja situación que aqueja el trabajo periodístico, siempre que haya profesionales de la comunicación dispuestos a mantener encendida la llama de la libertad de expresión, prensa y opinión; en esa medida siempre tendremos que celebrar el mes del periodista», reiteró.

Cardenas indicó sobre la programación aniversaria, con motivo de celebrarse el próximo 27 de junio el Día del Periodista, pese a las agresiones y detenciones arbitrarias del gobierno. “En medio de un ambiente hostil por parte del gobierno en contra de la prensa libre, con más emisoras cerradas, persecución judicial, hostigamiento y amenazas, el gremio organiza una programación para celebrar el Día del Periodista”, aseveró.

Entre las actividades, se encuentran los foros: “El Esequibo Bajo la Mirada Periodística”, “Periodismo en Tiempos de Redes Sociales”, “El Ejercicio de Periodismo en Venezuela”, “La Dinámica Periodística en los medios Digitales” y el Cine Foro sobre el documental “Aire, el cierre de emisoras de radio en Venezuela”, producido por la ONG Redes Ayuda.

Asimismo está prevista para el 27 de junio la misa y el acto central por el día del periodista, donde se entregará reconocimiento a 80 destacados profesionales del periodismo.

Amnistía Internacional ha enfatizado que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son una narrativa política, como lo sugiere el presidente de Brasil Lula da Silva, sino una realidad que continúa amenazando la vida y seguridad de miles de personas.

En una carta dirigida a los funcionarios brasileños, la organización ha instado al gobierno de Venezuela a cesar la política de represión, permitir a los defensores de los derechos humanos realizar su labor de manera segura y dar acceso pleno e irrestricto a los mecanismos internacionales de derechos humanos en su territorio.

Asimismo, Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Lula da Silva que reconozca la actual crisis de derechos humanos en Venezuela y que busque medidas para resolverla.

La ONG sostiene que es fundamental que los funcionarios brasileños exijan al gobierno venezolano el cese de la represión y el acceso irrestricto a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Además, se debe permitir a los defensores de los derechos humanos realizar su labor sin temor a represalias.