El conflicto bélico en Ucrania sigue causando estragos, recientemente la presa de Kajovka fue destruida en una acción que ha sido atribuida tanto a Rusia como a Ucrania.

Las autoridades rusas han afirmado que la presa fue destruida por un ataque con lanzaderas de misiles múltiples Alder por parte de Ucrania, mientras que un asesor principal del presidente Volodimir Zelenski ha acusado a Rusia de destruir la presa para obstaculizar la contraofensiva de las fuerzas armadas ucranianas.

La razón detrás de este ataque tiene una explicación militar clara, ya que se cree que Rusia teme un ataque anfibio a través del delta del Dniéper. Al volar la presa, el cauce del río se ensancha, lo que hace más difícil cruzarlo de cara a una ofensiva.

Consecuencias de este ataque

La destrucción de la presa tendrá graves consecuencias medioambientales y humanitarias en la zona, con miles de personas afectadas. La orilla izquierda del río está controlada por Rusia y es más baja que la orilla en manos de Ucrania, por lo que es probable que se inunde más el lado ruso, aunque las autoridades ucranianas consideran que la zona bajo su control también se verá afectada y sufrirá más las consecuencias ambientales y humanitarias con el tiempo.

La destrucción de infraestructuras civiles como la presa de Kajovka constituye un crimen de guerra, según los Protocolos Adicionales incorporados en 1977 a los Convenios de Ginebra (1949).

La OTAN y el Consejo Europeo han condenado el ataque a la presa, calificándolo como una muestra de la brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania. La destrucción de infraestructuras civiles es claramente un crimen de guerra, por lo que se exigirán responsabilidades a Rusia y sus aliados

Claves para entender la gravedad de la situación

La causa exacta de la ruptura de la presa sigue siendo desconocida, si bien Rusia sostiene que fue resultado de un ataque con lanzaderas múltiples de misiles Alder por parte de Ucrania, mientras que la versión de Kiev sostiene que se debió a una explosión interna en la central hidroeléctrica.

Veamos algunas claves para comprender la situación:

• Lo que sí se sabe con certeza son las comunidades potencialmente afectadas, que se elevan a 14 localidades perjudicadas por las inundaciones, las cuales albergan una población de 22.000 personas, según el presidente del gobierno regional de Jersón, impuesto por Moscú, Andréi Alekseenko.

• La Agencia Internacional de Energía Atómica, organismo de control nuclear de la ONU, ha declarado que la destrucción de la presa, la cual presta servicio a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, no supone una amenaza inmediata para la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, la cual está bajo control de Rusia y sus seis reactores están inactivos desde el inicio de las hostilidades en la zona.

• El comunicado de Energoatom, el operador nuclear estatal de Ucrania, emitido a través de Telegram, ha señalado que la voladura de la presa «podría tener consecuencias negativas para la central nuclear de Zaporiyia«, pero ha indicado que la situación es «controlable».

• En función del alcance de los daños causados por la rotura de la presa, se podría considerar la voladura como un crimen de guerra, tipificado en los Convenios de Ginebra, los cuales establecen que «lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que dicho ataque causará una pérdida excesiva de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil» constituye una violación grave del Derecho Internacional, según informa la agencia de noticias Efe.

El hecho es que es necesario encontrar una solución pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia para evitar más daños a la infraestructura y a la población civil.

La guerra que se desarrolla en Ucrania continúa, pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunas ciudades ucranianas, incluyendo Mikolaiv, que ha sido una de las más afectadas por los bombardeos rusos, ya se están preparando para el futuro posbélico. En este sentido, la arquitecta venezolana Ana Cecilia Páez lidera un importante proyecto de reconstrucción en Mikolaiv, el cual es desarrollado por la firma italiana One Works.

Durante el conflicto bélico, esta ciudad sufrió una gran destrucción, especialmente en su centro histórico y en su astillero soviético, lo que ha dejado un nivel de destrucción del 45%. Ante esta situación, el gobierno local acudió a un foro de alcaldes organizado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Ucrania (UNECE), en el que se establecieron contactos con arquitectos para comenzar a planificar la reconstrucción.

El objetivo es crear un Mikolaiv mejor

Se han identificado importantes daños en las zonas residenciales, con pérdidas estimadas por la UNECE en 46.000 millones de euros. Los planes de reconstrucción no solo buscan recuperar lo destruido por los bombardeos, sino también mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mikolaiv mediante la implementación de mejores prácticas internacionales y la creación de un espacio urbano a medida de las personas.

El proyecto de reconstrucción también involucra a los habitantes de la ciudad y se centra en mejorar el transporte y abrir al público las orillas de los ríos que, desde los tiempos de la Unión Soviética, se dedicaron a la industria y se alejaron del resto de la ciudad.

La visión es crear un Mikolaiv mejor que el que existía antes de la guerra, donde las personas puedan pasear, ir en bicicleta y llegar fácilmente a los parques. La arquitecta Ana Cecilia Páez, formada en la Universidad Central de Venezuela y en el Politécnico de Milán, lidera este importante proyecto de reconstrucción.

Los tenedores de bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA.UL), la petrolera estatal venezolana, respaldados por una mayoría de participación en Citgo Petroleum (PDVSAC.UL), han instado al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a rechazar las afirmaciones de la oposición venezolana.

Esta ha argumentado que los bonos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional del país sudamericano y, por lo tanto, no son válidos.

El síndico de los tenedores de bonos, MUFG Union Bank y GLAS Americas, su agente colateral, han respondido alegando que la ilegalidad de los bonos bajo la ley venezolana no tiene relación con Nueva York, donde se emitieron los bonos. Además, han argumentado que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición cuando se emitieron los bonos en 2016, nunca los declaró ilegales.

Oposición venezolana presentó demanda

Los abogados de MUFG y GLAS han escrito en una presentación del 2 de junio que los tribunales de Nueva York no deberían permitir que los emisores eviten sus deudas abandonando sus propios compromisos y representaciones anteriores.

Los bonos, vencidos en 2020, están respaldados por una participación del 50,1% en Citgo Holding, una entidad registrada en Delaware a través de la cual PDVSA es propietaria de Citgo (PDVSAC.UL). La oposición venezolana presentó una demanda en la corte federal de Manhattan para evitar perder el control de Citgo, argumentando que la falta de aprobación de la Asamblea Nacional hacía que los bonos fueran inejecutables.

La jueza federal de distrito, Katherine Polk Failla, inicialmente se puso del lado de los tenedores de bonos, pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. dijo más tarde que la validez de un valor, como un bono, está determinada por la ley local de la jurisdicción donde está emitido. Por lo tanto, ese tribunal solicitó a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York que considerara la cuestión.