Economía
EN DATOS: Criptomonedas reporta grandes perdidas mientrs que Maduro revisa licencias en Venezuela

En PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleo y gas habría un déficit de entre 3.000 y 20.000 millones de dólares que deberían haber sido facturados por exportaciones. Algunos de los principales dirigentes del movimiento político de Gobierno del presidente Nicolás Maduro, como el exministro de Petróleo, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, están bajo sospecha durante esta investigación anticorrupción.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos -SUNACRIP- está en el centro de este proceso, ya que se utilizó para liquidar las ventas de PDVSA después de las sanciones de EE.UU. contra la empresa y fue la principal institución nacional que se ocupaba de todo lo relacionado con las criptomonedas, incluyendo la minería de bitcoin.
En consecuencia, la criptoindustria venezolana, considerada uno de los ecosistemas de criptomonedas más sólidos del mundo en 2017, se ha estancado, señala una amplia nota de Forbes.
Todo comenzó cuando el presidente Nicolás Maduro creó la primera criptomoneda nacional venezolana en 2018, el token petro, respaldado por petróleo venezolano y una cesta de productos básicos similares.
El gobierno venezolano creó la SUNACRIP poco después de emitir el petro, con el objetivo de evadir las sanciones de Estados Unidos. Pero, Washington respondió con sanciones contra el criptoactivo venezolano en 2019, por lo que la criptodivisa respaldada por petróleo solo funciona dentro de las fronteras de Venezuela.
A pesar de la robusta industria minera de bitcoin, esparcida por Venezuela durante los últimos años, y de lo populares que son las criptomonedas en el país, aún hoy solo los partidarios de Maduro y los empleados públicos usan la criptodivisa petro.
Desvío de fondos
Este criptoactivo estatal ha tenido poco o ningún éxito -dice Forbes-, y cuando el petro no ofreció ganancias o utilidad, algunos funcionarios de SUNACRIP, quienes coordinaban la utilización de criptomonedas para hacer operaciones relacionadas con las ventas de crudo, presuntamente incurrieron en prácticas dolosas con el dinero público que se suponía debía llegar a las arcas de PDVSA, junto con intermediarios no oficiales de petróleo venezolano para los mercados chino y ruso, fundamentalmente.
Las cárceles venezolanas ahora están llenas de exfuncionarios, como Joselit Ramírez, presidente de SUNACRIP desde 2018, y Rajiv Mosqueda, el jefe de operaciones de minería digital de la superintendencia ahora intervenida, junto con otros funcionarios importantes de PDVSA y del organismo de vigilancia de criptomonedas.
Estas detenciones forman parte de lo que el sector gobernante venezolano llama «trama cripto PDVSA», que consiste en una masiva investigación anticorrupción.
A estos presuntos delincuentes se les acusa de formar parte del grupo mafioso de corrupción que estaría vinculado al exvicepresidente Tareck El Aissami, quien dejó el Ministerio de Petróleo después de que los investigadores detuvieran a Ramírez y sus socios.
SUNACRIP utilizaba supuestamente criptomonedas como USDt, para completar las ventas de petróleo en todo el mundo. Hasta ahora, ninguno de los funcionarios acusados ha emitido declaraciones públicas relacionadas con las acusaciones.
El problema es que las ventas de petróleo no coinciden con las posiciones de cripto tesorería de la SUNACRIP ni con el balance de PDVSA. Ramírez y sus asociados han sido investigados por su participación en estas operaciones porque faltan activos por valor de al menos 3.000 millones de dólares, pero potencialmente se trataría de una cantidad aún mayor, señala el reporte de Forbes.
Además, los mineros de BitcoinBTC en todo el país siguen inactivos.
Minería de Bitcoin en Venezuela
Mientras tanto, las cuentas de redes sociales y los chats de grupo de Telegram en toda Venezuela han estado zumbando desde marzo de 2023 sobre agentes del gobierno haciendo visitas inusuales a las instalaciones privadas de minería bitcoin.
La Policía Nacional Anticorrupción está tratando de encontrar vínculos entre la trama criptográfica de PDVSA y los mineros de bitcoin locales, al tiempo que comprueba que el Gobierno cuenta con documentación completa y actualizada, así como revisa la licencia con cada minero de bitcoin venezolano.
Ramírez y Mosqueda fueron los responsables de otorgar muchas de estas licencias, por lo que ahora muchas personas de la industria minera de bitcoin están siendo investigadas, para ver qué mineros cumplen realmente con las criptopolíticas del gobierno de Maduro y para aclarar sus posibles vínculos con la trama de corrupción.
No hay mucha información pública sobre ninguna de estas investigaciones, sólo rumores generalizados de detenciones y decomisos, pero, hasta ahora, no se han documentado detenciones de mineros de bitcoin, y como explicó, Teodosio Peraza, gerente de la empresa privada de minería de bitcoin Criptominero C.A., al diario local Yaracuy al Día después de ser visitado por las autoridades, todos los controles de cumplimiento son parte de los procesos normales.
Por otra parte, al menos 500 trabajadores de SUNACRIP se han visto obligados a abandonar sus puestos de trabajo durante las investigaciones, mientras que los pocos tenedores de petroa que quedan, se quejan a través de plataformas sociales como Twitter de que el criptoactivo estatal venezolano es aún menos útil ahora, cuando todo el país está murmurando sobre criptodivisas y corrupción.
Queda por ver cuándo las empresas venezolanas de criptomonedas volverán a operar normalmente, especialmente cientos de mineros de bitcoin que pierden ingresos cada día que sus máquinas permanecen fuera de línea. No hay claridad sobre lo que viene a continuación para los mineros y las empresas en la industria cripto venezolana, una vez en auge. Tal vez el gobierno de Maduro termine de reestructurar la SUNACRIP o cree un nuevo organismo regulador.
Pase lo que pase, el sector bitcoin de la nación está perdiendo millones de dólares en oportunidades de negocio bitcoin, con los mineros venezolanos obligados a estar fuera de línea hasta que se resuelva esta investigación.
Economía
EN DETALLE: Centrales de Trabajadores de Venezuela piden aumentos de más 3.000%

Desde entonces, las centrales de trabajadores han insistido al gobierno de Nicolás Maduro un incremento en su remuneración mensual, dado que el rápido avance de la inflación ha disminuido el poder adquisitivo y, al mismo tiempo, el salario mínimo se ha depreciado frente al dólar desde su último aumento, en marzo de 2022. En concreto, han pedido aumentos de hasta 20 o 30 veces para que este permita cubrir una canasta básica de consumo.
El último incremento del salario mínimo en Venezuela correspondía en ese momento a medio petro, que es la criptomoneda oficial del país (sancionada por Estados Unidos). En marzo de 2022 esa cifra eran US$ 29 (Bs. 130).
En la actualidad, y con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela para el 21 de abril de 2023, este salario es de US$ 5,28, una reducción del 81,79% desde entonces. El último umbral de pobreza extrema definido por el Banco Mundial es un ingreso de US$ 2,15 al día, con lo que el salario mínimo mensual en el país alcanza para cubrir dos días, según esta medida.
En contraste, una canasta básica de 61 bienes y servicios para tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia costó US$493,07 entre el 15 y 30 de marzo, de acuerdo con el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, lo que significa que un hogar debe destinar por lo menos 69 salarios integrales (el sueldo, utilidades y bono vacacional) para adquirirla.
¿Qué proponen las centrales de trabajadores?
Las propuestas son diversas y algunas significan incrementos de 2.000%, 3.000% e incluso más, buscando que el salario mínimo en Venezuela permita cubrir la canasta básica de consumo mensual.
En su momento, Carlos Fernández, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) dijo que el aumento salarios no debería ser ni “US$ 50, ni US$ 60, ni US$ 100 (…) Nos están sometiendo al exterminio con estos sueldos y la inflación”, al insistir en que el aumento debe ser basado en la canasta familiar, en declaraciones a Radio Fe y Alegría.
Entre tanto, la Alianza Central Independiente señaló que las mesas de diálogo que se están realizando, y que tienen acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscan que en mayo haya un pronunciamiento del gobierno de Nicolás Maduro sobre el salario mínimo, pues el silencio de su administración ha sido una constante.
A finales de marzo, la presidenta de esta Alianza, Leyda León dijo que se busca fijar un salario mínimo de US$ 200 dólares para mayo. “Esperamos que se produzcan más ajustes para que en diciembre tengamos un salario digno”, señaló en declaraciones a medios. Un incremento a US$ 200 en el salario mínimo significaría un aumento de 3.687,87%.
Justamente desde la OIT, que ha hecho acompañamiento en las últimas semanas a estas mesas en el país, se ha señalado que su propuesta sería establecer un incremento del salario a US$ 400, cifra en la que coincidió León y que se podría alcanzar a finales de 2023. Es decir, aumentar el salario mínimo de Venezuela en 7.475,75%.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) habla de un incremento del salario que llegue a un rango entre US$ 120 y US$ 150, pues pese a la realidad del país, en América Latina no hay un salario mínimo promedio que “vaya más allá de los US$ 500″, según dijo el secretario general encargado de la CTV, José Torres, Román Lozinski.
Economía
INVESTIGACIÓN: Ni tan devaluados, billetes Venezolanos, la base de una gigantesca operación de falsificación de dólares

La compra de cientos de cajas repletas de billetes venezolanos en zona de frontera con Colombia fue el campanazo de alerta que despertó las sospechas de las autoridades sobre algo ilegal que se podría estar cocinando con la moneda extranjera. No estaban equivocados, descubrieron una gigantesca operación de falsificación de dólares con el papel de los devaluados bolívares.
Por Semana
Los primeros insumos daban a entender que un ilícito se estaba cometiendo con los billetes venezolanos, pero no sabían de qué se trataba. Uno de los investigadores de la Dijin, experto en delitos de falsificación de moneda, se puso a la tarea de averiguar qué tramaban los delincuentes y se llevó una tremenda sorpresa.
Las primeras pistas entregadas por la fuente humana, llevaron a las autoridades a dirigirse a la frontera con Ecuador, en donde al analizar billetes de 50 y 100 dólares encontraron que eran falsos y circulaban sin ningún problema. Eran réplicas de alta calidad, y la clave era que se hacían sobre papel moneda
El dinero estaba moviéndose a granel, para el ciudadano del común era casi imposible encontrar la diferencia, solo los expertos lograban encontrar el fraude. Eso fue lo que más llamó la atención de las autoridades colombianas y de Estados Unidos, la perfección de los billetes les dio la certeza de que había una gran red detrás de la falsificación.
Al profundizar en la investigación el agudo oficial y su equipo se encontraron con que se trataba de una nueva modalidad. La copia de los dólares estaba tan bien hecha, que el dinero se movía en la economía urbana de Ecuador sin levantar sospecha, prácticamente, los fabricantes de los dólares falsos habían dado en el clavo logrado inundar el vecino país con dinero falso.
Los datos arrojaron que la organización movía entre uno y dos millones de dólares ilegales al mes y la cadena para elaborar los billetes ilegales iniciaba en Cúcuta, Norte de Santander, en donde la red compraba bolívares por cajas aprovechando la devaluación de esa moneda. Los billetes eran llevados a Medellín, en donde eran sometidos a un sofisticado proceso químico, el cual consistía en borrar por completo el diseño de los bolívares para dejar en blanco el papel billete y así poder reimprimirlo. La red se centraba en el billete de cinco bolívares porque este cuenta con las mismas dimensiones del de 50 y 100 dólares.
Con el papel billete blanqueado, la red lo pasaba por una planta litográfica, la cual había sido modificada en sus rodillos con unas planchas electrostáticas, importadas desde los Estados Unidos, y que tenían los diseños de los dólares de 50 y de 100, logrando la reimpresión del billete, el cual luego era sometido a otro proceso químico para darle color, olor y fijar detalles como relieve en los sellos de seguridad, hologramas y textura de un billete original.
Con el billete terminado, la red lo enviaba por cajas vía terrestre a zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en donde era recibido por otra organización que se encargaba de meterlo al vecino país y ponerlo a circular en la economía urbana como si se tratara de dinero legítimo.
La general Olga Salazar, directora de la Dijin, reveló que, “este es un flagelo de años, los delincuentes siempre buscan nuevas modalidades. Ahora compran los bolívares, los convierten en dólares y los venden entre 2.000 y 2.500 pesos”.
Por este caso, las autoridades capturaron a dos personas, el logístico, quien almacenaba los dólares en Medellín y al transportista, quien se encargaba de entregar los billetes en zona de frontera. La fábrica hechiza de las réplicas también fue desmantelada.
En otro operativo la Dijin capturó a seis personas, entre ellas varios falsos militares, quienes engañaban a incautos ciudadanos con dólares que supuestamente eran de las guacas enterradas por las Farc.
Los supuestos militares buscaban a sus víctimas por internet, era por lo general personas que estaban buscando adquirir algún bien de alto costo o también personas que estaban vendiendo propiedades. Los delincuentes contactaban a sus víctimas y les pedían que se vieran para hablar de negocios.
Al encuentro los delincuentes llegaban vestidos de militares. La conversación era amable, con ganas de cerrar el negocio, pero siempre hacían una salvedad: el pago lo hacían en dólares, con billetes que habían sido rescatados de las guacas de la guerrilla de las Farc, que era dinero legítimo, pero ellos, por ser militares, habían tenido acceso a los dólares.
Para ganarse la confianza de la víctima, pisaban el negocio con dólares reales. La víctima acudía a una casa de giros para hacer el cambio a pesos colombianos y al ver que eran legítimos, el negocio fraudulento era cerrado, se concretaba el ‘tumbe’, los falsos militares, quienes hacían parte de una red de falsificación de dólares, pagaban el excedente del negocio con los billetes falsos.
Para develar el modus operandi de esta red, fue clave las capturas que se habían presentado en Bogotá en hechos aislados por parte de la policía de vigilancia, que se registraron como hechos aislados, sobre falsos militares que se paraban cerca a batallones y el Ministerio de Defensa con dólares falsos. Estos hechos le sirvieron a la Dijin para poder individualizar a los integrantes de la red.
Con la información de los falsos soldados inició la búsqueda selectiva en bases de datos, en donde lograron obtener interceptaciones como esta: “Se nos partieron los tacones ñero, cuando estaban camellando acá en Puente Aranda”, según la Policía, uno de los falsos militares le dice a otro integrante de la red que habían capturado con dólares falsos y vestido como soldado a uno de ellos.
Al ahondar en las denuncias, los investigadores encontraron que la red de falsos militares también alquilaba apartamentos por horas, a donde llevaban a las víctimas supuestamente para cerrar los negocios, pero esto no sucedía. Dentro del inmueble los criminales las amarraban, les quitaban el dinero, las joyas y celulares y las dejaban tiradas.
Una de las víctimas narró su amarga experiencia con los falsos militares a quienes les iba a vender a precios altos unos gatos de criadero de raza exclusiva y con ficha para vender en otros países.
“Uno de ellos nos dijo que su primo era sargento del Ejército y le interesaba el negocio de los gatos. Nos pusieron una cita en un batallón militar y el sargento nos dijo que habían hecho un operativo en el que habían encontrado una caleta y necesitaban mover rápido los dólares”, la víctima accedió al negocio, pero no imaginó que casi termina en líos judiciales por portar dólares falsos; en medio de la transacción llegó la Policía, “el dinero fácil no funciona”, dijo.
Por estos hechos la Dijin capturó a seis personas en Bogotá y Cali y fue desarticulada la estructura conocida como La 37, que habría logrado una estafa con dinero falso de más de 500 millones de pesos, solo en el caso de las siete víctimas, pero se estima que fueron cientos de millones los que logró obtener la estructura criminal.
Economía
EN DETALLE: La CTV espera que Maduro anuncie un aumento de salario mínimo el1May que cumpla con las expectativas

José Elías Toro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, dijo que confía en que este 1 de mayo el Ejecutivo nacional anuncie un aumento del salario mínimo, que desde el año pasado se mantiene en 130 bolívares, equivalente a 5,27 dólares según la cotización de este sábado 22 de abril según el tipo de cambio oficial.
Se aspira a que el 1 de mayo tengamos un anuncio y que el presidente de la República cumpla por lo menos con la expectativa de un incremento del ingreso”, expresó el portavoz en conversación telefónica con El Pitazo.
Según adelantó, las conversaciones sobre la remuneración de los venezolanos se mantiene entre las organizaciones sindicales, empresarios y la administración de Nicolás Maduro, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo.
Toro recalcó la importancia de lograr un incremento salarial, sobre todo para jubilados y pensionados, a quienes les resulta más complejo buscar otras vías de ingreso.
Monto del salario mínimo
En cuanto al establecimiento del monto del salario mínimo, el secretario del CTV indicó que desde hace un año las sindicales han exigido al régimen oficialista los indicadores económicos actualizados, para así poder establecer una cantidad que se ajuste a la realidad del país. Hasta el pasado mes de marzo, no habían obtenido respuesta.
A pesar de ello, detalló que en las últimas semanas han podido revisar los indicadores económicos para poder tener una base con qué exigir un monto que pueda servir como punto de partida.
“Puede ser un monto de inicio y lo ideal es que se acerque lo más posible a lo que señala la Constitución. Estamos tratando de presionar con el apoyo de las actividades de calle. Parte de la discusión es que debe seguir afinándose. Si no hay el monto completo de las aspiraciones o lo que se acerca más, que por lo menos hablemos hoy y luego revisamos el monto, según cómo se va estabilizando la economía”, explicó.
Añadió que si los números los hubieran recibido cuando los solicitaron, entre noviembre y enero tendrían una solución más acertada. «Un tecnicismo está atrasando esto, mientras sabemos que en la calle las necesidades cada día se acrecientan», sostuvo.
Con información de El Pitazo
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