Un joven repartidor de origen venezolano fue asesinado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, mientras realizaba una entrega contratada por una aplicación de delivery. Al trabajador lo atacaron dos hombres que le exigieron que entregara el pedido y sus pertenencias personales, a lo que se negó rotundamente.

Trascendió que uno de los homicidas sería la persona que realizó el pedido, Lo que siguió fue una persecución que terminó en tragedia. Los presuntos delincuentes, que habían estado esperando al delivery en el barrio el Pesebre, ingresaron a una vivienda cercana y se armaron con cuchillos.

Luego salieron a la calle en busca del repartidor, quien intentaba huir a toda prisa. Finalmente, lo alcanzaron en la avenida Caracas y se desencadenó un enfrentamiento que terminó con la vida del joven venezolano, informó la revista Semana.

Las autoridades están analizando diferentes cámaras de seguridad del sector en busca de pistas que lleven a la identificación de los atacantes. Por el momento, se sabe que uno de ellos quedó registrado en video y se espera que esto ayude en la investigación.

Este hecho ha generado una gran indignación y repudio en la sociedad colombiana, que se ha manifestado en redes sociales y en distintas manifestaciones.

Cabe destacar que la víctima era un joven de tan solo 30 años que había llegado a Colombia en busca de oportunidades laborales. Trabajaba como repartidor para una aplicación de delivery y era conocido por sus compañeros como un joven trabajador y comprometido.

Colaboracion , Caraota Digital

La Corte Penal Internacional (CPI) publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”) que recopiló las opiniones e inquietudes de las víctimas venezolanas en apoyo a la solicitud del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La CPI recibió 1,746 formularios, 5 vídeos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos correspondientes a aproximadamente a 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones.

Se trata de víctimas o familiares de víctimas que sufrieron o los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

En el proceso también participaron defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura; trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, etc.; diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas, etc.

En las opiniones recabadas, las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de la CPI de reanudar la investigación y afirman que el régimen chavista no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los “colectivos”.

Para preservar la seguridad de quienes participaron en este proceso, el informe no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya enviado su opinión, por lo que el régimen de Nicolás Maduro no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas.

La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI, dictará en las próximas semanas una decisión sobre la continuidad o no de la investigación en Venezuela, tras examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas, tanto del fiscal Karim Khan, como del régimen venezolano y las víctimas.

La red social Twitter quitó en las últimas horas la etiqueta que identificaba a medios “financiados por el Gobierno” y que la red había colgado a órganos de prensa y periodistas que trabajan para ellos en distintas partes del mundo.

Sin que mediase ningún aviso previo, pero tras producirse críticas de varios de esos medios, Twitter retiró los dos tipos de menciones que identificaban a medios y a periodistas como “medio financiado por el gobierno” o “medio afiliado al estado”.

Preguntado por EFE y por otros medios para ofrecer una explicación, el servicio de prensa de Twitter respondió con el emoticono de un excremento, sin añadir ninguna palabra, una práctica que viene siendo habitual en los últimos tiempos.

Entre los “beneficiados” por la retirada de la etiqueta gubernamental hay medios rusos como Russia Today o españoles como RTVE; esta última se había quejado oficialmente a Twitter y pedido expresamente que le retirasen la etiqueta.

Ni el dueño de Twitter, Musk, ni ninguna de las cuentas corporativas que la red social usa para hacer anuncios de forma esporádica (Twitter Verified, Twitter Blue, Twitter Safety, entre otras) han informado de este nuevo movimiento.

Ayer la red social eliminó la etiqueta azul de aquellas cuentas que se han negado a pagar los 8 dólares mensuales de Twitter Blue, suscripción establecida por Musk que permite a sus titulares, además de tener una verificación azul, editar tuits, escribir mensajes más largos y aparecer de forma preferente en el “feed” sobre otras cuentas que no lo pagan.

Horas después, Musk anunció que él pagaría personalmente el canon mensual para mantener la etiqueta azul a tres personas en concreto que se habían negado a pagarla: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King.

Solo el 0,2 % de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue. En marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138 % más que el mes anterior, según Similarweb.

En cuanto a la marca amarilla que identifica a medios de comunicación -y que cuesta 1.000 dólares mensuales- la política de Twitter ha resultado errática, puesto que en Estados Unidos algunos medios supuestamente han aceptado pagarla y llevarla (Washington Post, Los Angeles Times, ABC News) y otros no (CNN, New York Times o Fox News).

Similar es el caso en el panorama internacional, con medios que la llevan (El País, Le Monde o BBC News) y otros muchos que no, entre ellos las grandes agencias de noticias como Reuters, EFE, AFP o AP.

EFE