Un día después de haber disuelto la Asamblea Nacional de Ecuador, evitando así su inminente juicio político y propiciando nuevas elecciones para este año, el presidente Guillermo Lasso ha declarado que no tiene planes de postularse para su reelección y que no le interesa quién lo reemplace.

En una entrevista con The Washington Post el jueves por la noche, Lasso afirmó que su objetivo no es impedir que alguien más ocupe el cargo presidencial de Ecuador, en particular el partido de su rival izquierdista Rafael Correa, quien ostenta el récord de ser el presidente con más años de servicio en el país. En lugar de eso, planea utilizar los últimos meses de su gobierno para promover órdenes ejecutivas centradas en temas de seguridad, salud, educación e infraestructura.

Entre sus planes, se encuentra la emisión de un decreto que aumentaría las protecciones para las fuerzas de seguridad que usan sus armas para defenderse a sí mismos y a otros, el cual será anunciado la próxima semana.

La medida  de Muerte Cruzada

El presidente ecuatoriano, un ex banquero de 67 años, tomó una medida constitucional sin precedentes esta semana al declarar una muerte cruzada, que permite enviar a los legisladores a casa y gobernar por decreto hasta por seis meses, cuando se celebren nuevas elecciones.

Esta decisión fue tomada días antes de que la legislatura votara por su destitución por cargos de malversación de fondos, los cuales Lasso rechaza como motivados políticamente.

La medida de la muerte cruzada fue agregada a la constitución durante la presidencia de Rafael Correa y algunos la ven como un esfuerzo de último momento para evitar un juicio político, mientras que otros opinan que fue una estrategia para evitar una votación en su contra. En cualquier caso, Lasso asegura que tomó la decisión de la muerte cruzada días antes y que la siguió después de asegurarse de contar con el apoyo de los militares.

Es importante destacar que la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador y la medida de la muerte cruzada han generado un gran debate en el país y en la comunidad internacional. Se espera que las elecciones que se celebrarán en los próximos meses reflejen la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano.

Tras conocerse que el responsable de la muerte de ocho migrantes venezolanos en Brownsville, Texas (Estados Unidos) es un hombre identificado como George Álvarez, de 34 años de edad, han surgido diversas especulaciones en torno al avance de la investigación y los cargos que se le imputan.

Álvarez se encuentra detenido y enfrenta ocho cargos de homicidio culposo y 10 de agresión agravada con un arma mortal. A raíz de esto, el abogado internacional Richard Hein expresó su opinión sobre las posibles consecuencias legales para el acusado.

Existen cuatro formas de levantar cargos por homicidio: homicidio en primer grado, asesinato capital o un delito mayor capital, homicidio culposo y homicidio por negligencia criminal. Según lo que determine la investigación policial, si se decide por homicidio culposo o asesinato capital, la pena sería fatal para Álvarez.

“Se aplicará asesinato capital”

El especialista en leyes cree que se aplicará el asesinato capital, debido a que falleció más de una persona y que fue un hecho intencional. Ello se traduce en la pena de muerte o privación de libertad de por vida para el acusado.

El homicidio culposo, por su parte, se refiere a cuando una persona, bajo los efectos de sustancias ilícitas como el alcohol o las drogas, ocasiona un accidente en el que muere otra persona. Este tipo de delito puede resultar en la privación de libertad del acusado por un periodo de 2 a 20 años.

Las investigaciones policiales han revelado que Álvarez tenía en su organismo marihuana, cocaína y un fármaco conocido como benzodiacepina al momento de cometer el delito.

Es importante destacar que este suceso ha generado gran consternación e indignación en la sociedad, especialmente en la comunidad venezolana, y se espera que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación exhaustiva y justa para determinar la responsabilidad del acusado y hacer justicia por las víctimas y sus familias.

Jonahary Jaqueline Navarro, conocida como “La China” y líder de la banda criminal Tren del Norte en la región de Arica, al norte de Chile, fue detenida por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile quienes la sometieron y esposaron, sin que esto causara en ella una muestra de conmoción emocional.

La detención de Navarro, junto con otros seis ciudadanos venezolanos, llevó a la formalización de cargos por parte de la Fiscalía, en la que se les acusa de desempeñar actividades ilícitas y coordinar operaciones de la banda.

Los resultados de la investigación llevada a cabo por más de 200 funcionarios en la región de Cerro Chuño, permitieron la detención de los presuntos criminales y el decomiso de una cantidad significativa de drogas, listas para su distribución, así como armas ilegales y documentos de interés criminalístico.

Tráfico de drogas y asociación ilícita

La “China” ha sido acusada formalmente por cargos de tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que los otros detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas en cantidades menores y posesión ilegal de armas prohibidas y municiones.

El Tribunal de Arica dictaminó la medida de prisión preventiva para cuatro de los detenidos, vinculados con la peligrosa facción local del Tren de Aragua conocida como «Los Gallegos», mientras que los otros tres imputados permanecen a la espera de la audiencia respectiva.

Las investigaciones evidenciaron que, tras la detención de gran parte de la cúpula de Los Gallegos en junio de 2022 y enero de 2023, la “China” asumió el liderazgo de las operaciones ilícitas, enfocándose principalmente en el tráfico de drogas, y manteniendo coordinación con los miembros de la facción que permanecen detenidos en diferentes prisiones del país.