El partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. La agrupación política envió una carta a los magistrados de la CIJ para reiterar su postura frente a este conflicto.

En la misiva, Prociudadanos expresa que su posición se basa en una cuidadosa consideración y consulta con asesores legales internos. Sostienen firmemente que la controversia en torno al Territorio del Esequibo está contemplada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece un mecanismo para resolver el conflicto a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana. Según la organización, este marco bilateral, acordado por ambas partes, define claramente los objetivos acordados y el curso de acción para resolver disputas territoriales.

Además, resaltan la importancia del principio del consentimiento en el derecho internacional. Indican que el consentimiento de ambas partes involucradas en una disputa es necesario para que la CIJ pueda ejercer jurisdicción. En este caso particular, Venezuela ha sostenido consistentemente que la CIJ carece de jurisdicción en asuntos relacionados con disputas territoriales. El gobierno venezolano ha afirmado su derecho a resolver esta cuestión mediante negociaciones directas con Guyana, en línea con el Acuerdo de Ginebra.

Basándose en estas consideraciones legales, Prociudadanos solicita respetuosamente que la Corte Internacional de Justicia reconozca su falta de jurisdicción en la disputa del Territorio Esequibo y posponga el asunto al mecanismo bilateral establecido en el Acuerdo de Ginebra. La organización considera que la defensa de los principios del derecho internacional, incluido el respeto al consentimiento y la adhesión a los acuerdos bilaterales, es esencial para mantener la integridad y la equidad del sistema jurídico internacional.

A continuación el documento integro:

Este miércoles, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo como parte de la investigación de un juicio político relacionado con presuntas irregularidades del mandatario. Los citados para comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja son Hunter Biden y James Biden, hijo y hermano del presidente, respectivamente, así como un socio llamado James Walker.

Estas citaciones marcan la primera vez que se convoca a miembros de la familia Biden desde el inicio de la investigación a fines de septiembre. Los republicanos, que actualmente controlan la Cámara de Representantes, han acusado durante mucho tiempo a Biden de tráfico de influencias en beneficio de sus familiares en negocios en países extranjeros como Ucrania y China.

El congresista James Comer declaró en un comunicado que el comité ha seguido la pista del dinero y ha recopilado pruebas que revelan cómo Joe Biden tenía conocimiento, participaba y se beneficiaba de los esquemas de tráfico de influencias de su familia. Comer añadió que, a diferencia de las muchas mentiras que el presidente Biden ha dicho al pueblo estadounidense sobre los negocios de su familia, los registros bancarios no mienten.

Además de Hunter Biden, James Biden y James Walker, se ha solicitado el testimonio escrito de Melisa Cohen (esposa de Hunter Biden), Sara Biden (esposa de James Biden), Hallie Biden (viuda de Beau Biden, hijo del presidente) y Elizabeth Secundy (hermana de Hallie Biden). Los negocios de la familia Biden, especialmente los de Hunter Biden, han sido objeto de ataques por parte de los republicanos durante años. En el caso de Hunter, las críticas han adquirido un tono sensacionalista debido a su pasado de adicción a las drogas, del cual se han filtrado cientos de fotografías. Hunter Biden también está enfrentando cargos por posesión ilegal de armas y ha sido investigado por irregularidades en sus declaraciones de impuestos.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que tomarán medidas si se violan los acuerdos alcanzados en Barbados y expresó su apoyo a las elecciones primarias de la oposición, las cuales describió como un hito importante. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas si el presidente venezolano Nicolás Maduro no cumple con los compromisos establecidos en la hoja de ruta electoral de cara a las elecciones de 2024, según declaró el portavoz a la prensa. También instó a Maduro y a sus representantes a cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo de la hoja de ruta política firmado en Barbados, el cual establece que las próximas elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2024 con observadores internacionales presentes.

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que las elecciones primarias fueron un hito importante en el avance de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva en 2024. Sin embargo, estas primarias se vieron afectadas cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió todos los efectos del proceso electoral conducido por la «comisión nacional de primarias».

Estados Unidos no reconoce la reelección de Maduro en 2018 debido a considerarla fraudulenta, pero levantó temporalmente las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela como muestra de buena voluntad después del acuerdo alcanzado con la oposición. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, advirtió que estas sanciones podrían ser revertidas si se incumplen los acuerdos. Estados Unidos también ha pedido un calendario para la habilitación de todos los candidatos y la liberación de los presos políticos.

El portavoz del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos y la comunidad internacional están siguiendo de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral.