Ante el inicio de las investigaciones en contra de funcionarios y contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela, entre otros, la lupa de los medios se ha ubicado sobre las empresas que han ejecutado construcciones en la urbanización Las Mercedes de Caracas, lugar que muchos consideran como la «burbuja económica» de Venezuela.

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Apenas unos días después de que se anunciaran los arrestos, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y diputado a la Asamblea Nacional (AN) del régimen, cuestionó el «súbito crecimiento» en las edificaciones que se han levantado en Las Mercedes en los últimos años.

«Por eso hay que investigar a fondo, los edificios tenían un tamaño, por disposición y variables urbanas y de seguridad. De repente, le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron. De seis pisos pasaron a torres. ¿Cómo fue eso?, ¿cómo fue ese procedimiento?, ¿a quién le consultaron?, ¿qué variables tomaron en cuenta?», preguntó Cabello en una alocución del canal estatal Venezolana de Televisión el pasado 18 de abril, cuando presentó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio frente al Parlamento.

10 días después de las declaraciones de Cabello, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue aprobada según la Gaceta Oficial número 6.745.
En ese orden de ideas, el abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo a RunRun que este documento jurídico en realidad disfrazaría intenciones políticas relacionadas a una aparente «herramienta de persecución»,
«En esta ley, no se menciona en ningún artículo cómo serán las garantías a los bienes incautados a los detenidos o señalados por corrupción. No se expresa cómo se tasarán los dominios, cómo se notificarán, cuál es su destino. Tampoco dice nada sobre su mantenimiento. Todos los bienes están en peligro de ser abandonados y sin liquidación de acuerdo a los costos del mercado», afirmó.

Detalles sobre la ley
Se pudo saber que la nueva ley, además de regular las acciones del Ministerio Público (MP) en casos de incautación de bienes presuntamente adquiridos por acciones de corrupción, exige la creación de un Servicio de Bienes Recuperados por parte del ejecutivo nacional. Sin embargo, a la fecha, no existe una declaración o documento oficial que indique la consolidación de esa institución pública.
«En un país donde el Estado de Derecho y el debido proceso está muy deteriorado, las posibilidades de que las Torres de Las Mercedes y otras construcciones similares en el futuro queden abandonadas es muy alta, porque la ley tampoco es clara en los tiempos que debe incurrir el Ministerio Público y los Tribunales competentes en mantener o liquidar estos bienes», agregó el especialista en leyes.
Además, alertó que la legislación no detalla los parámetros que ya ha señalado la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidos (UNODC), donde se especifica y sugiere que parte de los bienes incautados deben dirigirse a un fondo para apoyar a las víctimas de Derechos Humanos o al propio Estado para beneficio de la población, sino que apunta al «beneficio» de los funcionarios públicos o individuos que denuncien un caso potencial de corrupción.

con información de RunRun

EUn par de meses atrás se inició un operativo en el que al menos 61 individuos, incluyendo altos funcionarios públicos, han sido detenidos y procesados por su presunta participación en «hechos de corrupción» y «malversación de fondos» en las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y el Poder Judicial.

El fiscal general, Tarek William Saab, señaló que, específicamente en el caso de PDVSA-Cripto, se han detenido a 43 personas, entre funcionarios y empresarios. Además, destacó que las operaciones paralelas a PDVSA implicaban la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares sin control administrativo, lo que incumplía las normativas de contratación y, posteriormente, generaba incumplimiento en los pagos correspondientes a PDVSA.

La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela solicitó al Ministerio Público el encauzamiento judicial de los individuos involucrados, y ha asegurado que llevará la investigación «hasta las últimas consecuencias».

Todavía se desconocen muchos datos

Aunque se desconoce la cifra exacta del monto que ha sido desfalcado al Estado, Reuters informó que PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios.

En respuesta a esto, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que el Ministerio Público no puede lanzar cifras que parezcan temerarias y especulativas, ya que están en una fase de investigación importante y no tienen elementos de convicción suficientes.

En marzo, Saab aseguró que próximamente se referiría al monto del daño patrimonial causado, pero en su entrevista con Globovisión en abril, se limitó a decir que las cifras son «importantes». El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, presentó un documento para exigir formalmente al fiscal de Venezuela que rindiera cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no ha recibido respuesta.

La organización Transparencia Venezuela ha expresado su preocupación por la falta de información pública y ha identificado más de 140 procesos de corrupción en los que están involucrados fondos públicos venezolanos que no se han investigado en Venezuela.

Tareck El Aissami está bajo investigación

El diputado chavista Jesús Faría afirmó en una entrevista a inicios de este mes que el ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, está siendo investigado en relación a la trama de corrupción en PDVSA. Según Faría, El Aissami y otros funcionarios están siendo investigados por diversas instancias del Poder Judicial.

En marzo, El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo después de que varios altos funcionarios de su entorno fueran detenidos y acusados de delitos como apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria.

 El ex ministro declaró en Twitter que había tomado la decisión de renunciar para apoyar y respaldar totalmente el proceso de investigación sobre los graves hechos de corrupción en PDVSA.

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) exigió a un motorizado la factura de un destornillador y lo amenazó con presentarlo ante el Ministerio Público (MP) por «posesión de objetos provenientes de un delito» en caso de no tener el documento.  

Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio)

En un video compartido por Delmiro de Barrio, se constató cuando el efectivo de la PNB exigió la factura ante el reclamo del motorizado.  

De acuerdo al mencionado usuario de la red social Twitter, el hecho irregular habría ocurrido en el estado Falcón, aunque se desconoce fecha y lugar exacto.