El Banco Central de Venezuela (BCV) concretó este lunes 17 de abril su décimo sexta intervención cambiaria del año por un monto de 71 millones de dólares, revelaron fuentes confiables a Banca y Negocios.

Banca y Negocios

El precio de esta colocación es de 27,05 bolívares por euro, que equivalen a 24,57 bolívares por dólar. Este precio implica un alza de 1,23% en comparación con el fijado en la intervención anterior, lo que apunta una expectativa de deslizamiento un poco más acelerado del tipo de cambio en el mercado oficial, donde existe una oferta «suficiente» de divisas, según reportan fuentes financieras.

En la semana anterior, el dólar oficial subió 0,35% como continuación de una fuerte desaceleración del tipo de cambio, a partir de una mayor intervención del ente emisor en el mercado desde el pasado 13 de febrero. Las informaciones disponibles señalan que la intención de las autoridades es mantener la estabilidad de precios con alzas no superiores a 1% o 1,5% semanal.

Se espera que las disponibilidades de recursos sean mejores en el segundo semestre, de manera que sea posible conservar un precio estable para la divisa estadounidense, en función de los objetivos de contención de la inflación.

En todo caso, con estos 71 millones de dólares, 1 millón más que en la semana anterior, el BCV ha inyectado a la Banca 214 millones de dólares en la primera mitad de abril y, en lo que va de 2023, la suma total alcanza los 1.253 millones de dólares, un aumento de 8% en comparación con los 1.160,5 que había vendido en el mismo período de 2022.

El BCV ha regresado a su estrategia de una intervención por semana, lo que indica un mercado con un nivel de oferta aparentemente adecuado, ya que también han comenzado a acudir con regularidad oferentes privados con montos relevantes, como el caso de la petrolera estadounidense Chevron, entre otros.

Debido a que el diferencial con los precios en el mercado paralelo es bajo -1% al cierre de la semana pasada- no hay incentivos para que la oferta de origen privado se desvíe de las mesas cambiarias de la Banca, donde incluso se han presentado episodios de disponibilidad excedentaria.

La mayor operación anticorrupción en Venezuela cumple un mes en ejecución, tiempo en el que 58 personas, la mayoría funcionarios del Estado, han sido puestas tras las rejas por su presunta vinculación con un desfalco colosal que la Fiscalía intenta entender y cuantificar, conforme descubre cada día nuevas ramificaciones.

El 17 de marzo, la Policía Anticorrupción, un cuerpo del que el país prácticamente no había escuchado hablar hasta entonces, emitió un comunicado en el que pedía a la Fiscalía investigar a unos funcionarios, sin precisar cuántos o quiénes, por «estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».

El escueto texto produjo un efecto dominó de acusaciones de corrupción que tumbaron al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció al cargo. Tras él, cayeron jueces, empresarios y gerentes públicos que terminaron en prisión, junto a un diputado, un alcalde y un exministro también señalados.

JUSTICIA DE MEDIANOCHE

Una vez se anunciaron los primeros nombres implicados, el canal estatal VTV mostró a estas personas vestidas con petos naranja mientras escuchaban las acusaciones en su contra, un gesto que imita el estilo estadounidense de presentar a los recién detenidos, algo que no se había visto antes en el país caribeño.

La dinámica se ha repetido varias veces en las últimas cuatro semanas, siempre cerca de la medianoche, tras lo cual la Fiscalía actualiza, a través de Twitter, el número de detenidos, buscados y allanamientos concretados, un balance que no incluye el número de propiedades confiscadas o a cuánto asciende el monto desfalcado.

De madrugada, la Justicia ha ido sumando procesados en esta cruzada que lidera, según él mismo asegura, el presidente Nicolás Maduro, quien prometió aplicar «todo el castigo» a las decenas de funcionarios señalados. «No va a haber convivencia ni complicidad, se lo juro», subrayó.

Y, aunque el fiscal general, Tarek William Saab, ha ofrecido varias declaraciones sobre el tema, se niega a estimar las pérdidas que dejan para el país estos enriquecimientos ilícitos.

EXVICEPRESIDENTE CON PARADERO DESCONOCIDO

El mismo silencio mantienen Saab y Maduro sobre El Aissami, quien hasta hace un mes operó como vicepresidente del Área Económica y a finales del año pasado celebró contratos con Chevron, pese a estar señalado por Estados Unidos como uno de los más buscados por narcotráfico internacional.

El exministro renunció a la cartera petrolera tres días después del arranque de la operación anticorrupción. Con un breve mensaje publicado en Twitter, anunció que colaboraría con las autoridades, algo que Maduro ratificó ese mismo día, la única vez que habló del funcionario.

Desde entonces, han circulado un sinfín de rumores sobre la suerte de El Aissami sin que el Gobierno confirme nada, un vacío de información que acelera la proliferación de versiones extraoficiales debido, también, a la tardanza de la Fiscalía en comunicar avances en la operación, muchos de los cuales son anunciados horas y días antes por medios locales.

TRAMAS POR DOQUIER

Las averiguaciones han descubierto varias cabezas en el monstruo de la corrupción, lo que confirma, entre otras cosas, las denuncias de los últimos años de sindicatos y opositores sobre el mal manejo de recursos públicos en varias empresas e instituciones del Estado, en las que la mayoría de los trabajadores ganan menos de 50 dólares al mes.

Dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la Superintendencia de Criptoactivos, se urdió la mayor trama -que deja hasta ahora 99 allanamientos-, mientras que las autoridades detectaron otras prácticas corruptas en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -un conglomerado de empresas mineras, forestales y eléctricas- y en la estatal Cartones de Venezuela.

Además, la Policía Anticorrupción ha levantado piedras hasta en el Poder Judicial, donde descubrieron una trama que hasta ahora deja seis órdenes de aprehensión y seis allanamientos, procedimientos que han sido replicados en, al menos, dos alcaldías.

Ante este panorama, las estimaciones extraoficiales sobre el monto desfalcado se calcula en varios miles de millones de dólares y, aunque no hay cantidades confirmadas, Maduro ha ordenado que «todo lo confiscado» a corruptos y narcotraficantes sea entregado a la Policía para que lo use en su trabajo de garantizar la seguridad ciudadana. EFE

La investigación en torno al Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, CORPOELEC arrojó que personas de su entorno, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas de las entidades dirigidas por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense.

Por LA PATILLA

Los Testigos presenciales Cnel Aquiles Rojas Patiño y Cnel Herrera Pino ligados al caso de saboteo eléctrico robo de material estratégico, terrorismo y traición a la patria informaron en calidad de imputados que los señalados como prestanombres de Motta Domínguez habrían lavado millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, pero que las operaciones se incrementaron desde 2015 cuando el militar fue designado en los cargos antes descritos. Los investigados participaron en un esquema de pirámide de corrupción que permitía a empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia ganar contratos del estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales.

Los señalamientos contra Motta Domínguez no se limitan al tiempo actual en que ha ejercido la administración de la corporación eléctrica y la cartera ministerial de energía eléctrica, sino que comprenderían también su gestión en otros organismos públicos en los que se ha desempeñado.

De los fondos investigados y los montos manejados por la administración de Motta Domínguez, recabamos la ejecución presupuestaria y financiera desde el año 2015, a partir de la fecha de su nombramiento en Corpoelec —de acuerdo a una relación remitidos por Tesorería Nacional— se firmaron contratos que suman Bs. 11.,62 en su componente en cuando moneda nacional y unos USD 1.,02 en lo que respecta a moneda extranjera.

Esquema investigado

En el esquema de los investigados, los implicados habrían solicitado a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. Según dos testimonios tomados en la investigación, la negociación del pago de soborno se realizó a través del General de División, Eustiquio José Lugo Gómez, viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del MPPEE, designado por instrucciones Motta Domínguez “con el firme propósito de que con sus acciones se contribuya con el pueblo venezolano” (se lee puño y letra del ministro en el nombramiento del viceministro).

Lugo Gómez -dice el informe- esta relacionado con Motta Domínguez desde hace muchos años en una relación de compadrazgo y de acuerdo a la declaración de estos dos coroneles involucrados, que en esas negociaciones sería este militar quien está citamos textualmente “encargado del cobro del 15 por ciento de comisiones por los contratos y las órdenes de compras emitidas por el MPPEE y Corpoelec a empresas contratistas”. Uno de los testimonios que sustenta la investigación dice que “Motta pecha a los empresarios través de su “encargado” de compras, (el general Eustiquio Lugo Gómez) a quienes imponen doblar el precio de modo que puedan pagarle el 50 por ciento de anticipo de las operaciones”.

En la descripción del pago de sobornos se señala que la mayoría deben ser pagados por los contratistas en efectivo, lo que se dificulta por las limitaciones con la moneda estadounidense en Venezuela (control de cambios). No obstante, “en ocasiones aceptaron los pagos de las comisiones a través de una cuenta del banco Banesco USA a nombre de la empresa Crash II identificada con el número XXXXXX9106, Aba 067015779”, confirman los dos imputados.

Motta Domínguez fue designado ministro de Energía Eléctrica el 20 de agosto de 2015 en relevo de Jesse Chacón según la Gaceta Oficial N° 40.714 del 31 de julio de 2015. Igualmente, el 3 de agosto de ese mismo año asumió la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cargo en el que fue ratificado en febrero de 2017. Venía de cumplir funciones como presidente de la Empresa Socialista de Carreteras de Aragua(Vías de Aragua).

Con anterioridad a estas posiciones en la administración pública, Motta Domínguez se desempeñó como jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy.

En enero de 2014 fue intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, posición con la que fue reincorporado al servicio activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la categoría de efectivo. Antes también había sido ministro de Estado para la REDI Central.

Igualmente estuvo a cargo de la secretaría del despacho del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y fue presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti).

La embajada americana informó el 18 de mayo de 2015 a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) que una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales federales en Nueva York y Miami se encontraban investigando a un grupo de funcionarios venezolanos, entre quienes figuraba Luis Motta Domínguez. La notas del informe estadounidense indicaba que los investigados estaban “bajo sospecha” de convertir al país “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero (Cartel de los Soles)”. La información dice que Motta Domínguez fungía como lugarteniente de este cartel, por ello antiguos traficantes de droga e informantes cercanos a altos funcionarios del gobierno o de militares venezolanos eran las fuentes de la investigación.