La hoy “asilada política” en EEUU Rosangel Granado planificó y ejecutó todo un “entramado fraudulento”, falsificando poderes de representación judicial para demandar en tribunales del estado Lara a los periodistas Daniel Rodríguez y José Israel González, en complicidad “presuntamente” con varias personas, abogados y funcionarios públicos del Saren.

El día 17 de octubre de 2022 la abogado Almarina Ferrer en representación de Rosangel Granado, según poder especial otorgado en la Notaria Segunda de Barquisimeto y que deviene de un poder “supuestamente” registrado en la ciudad de Aroa, estado Yaracuy; introdujo ante los tribunales penales una querella contra el periodista González, por la “presunta comisión del delito de difamación continuada”, acusaciónque fue admitida por el Tribunal Tercero Penal de Juicio a cargo de la Juez Marlyn Rodrígues, a pesar que ya el Tribunal Sexto había declarado “definitivamente firme la inadmisibilidad”.

Tras una minuciosa investigación periodística realizada por los comunicadores sociales demandados, y con el apoyo técnico de un grupo de abogados, el pasado 31 de octubre de 2023 mediante inspección judicial en el Registro con Funciones Notariales de Aroa, municipio Bolívar de Yaracuy adscrito al Saren, “se verificó que en esas oficinas no existe ningún poder de representación judicial otorgado por Rosangel Granado a las ciudadanas María Elena Benítez y Nancy Sabina Granado, lo cual confirma que siendo este poder “falso”, el documento utilizado por la abogado Almarina Ferrer para demandar al periodista ante el Tribunal Tercero Penal de Juicio es totalmente “nulo”, y por consiguiente todas las actuaciones realizadas con este instrumento de representación judicial son nulas y carecen de validez”, explicó claramente el comunicador Daniel Rodríguez.

Este fraude contra el estado venezolano se inició en septiembre del año 2021, cuando los abogados Jacobo Mármol (actual diputado en Lara) y Marina Rodríguez presentaron ante el Tribunal Sexto Penal de Juicio una acusación privada en representación de la hoy “asilada política” en (EEUU), Rosangel Rosirys Granado, contra los comunicadores sociales, usando un poder judicial que “supuestamente” había sido registrado en la población de Guanarito, estado Portuguesa, pero que resulto ser “falso”, ya que no existe en los libros de esta oficina del SAREN tal documento, según se constató mediante inspección realizada por el tribunal de esa localidad el pasado jueves 9 de noviembre de 2023.

Esa demanda que cursó ante el Tribunal Sexto a cargo de la Juez María Elena Párraga fue declarada “definitivamente firme la inadmisibilidad”,  por cuanto los abogados demandantes no apelaron tal decisión, “lo cual generó, entre otras cosas, ciertas sospechas sobre la autenticidad del poder especial que fue otorgado ante la Notaria Pública Segunda de Barquisimeto, en fecha 22 de julio de 2021, y que deviene del poder “falso” que Rosangel Granado “trucó”, “falsificó”, haciendo creer que fue registrado en el Saren de Guanarito, utilizando el aparato judicial del estado Lara para concretar un fraude”, informó por su parte el periodista José Israel González.

“Ya formalizamos la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, para que este organismo inicie inmediatamente una investigación, porque estamos en presencia de un fraude continuado contra el Poder Judicial del estado Lara y contra la Vicepresidencia de la Republica a la cual está adscrito el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), donde las personas involucradas en esta trama se apoyaron en unos instrumento que, a claras luces, son forjados, con la intención de hacerlo aparecer como legítimos, y lo que es más grave aún, con la plena finalidad no solo de dañar la imagen y reputación de mi colega Daniel Rodríguez y mi persona, sino  también de generar un fraude en la Justicia Venezolana”, denunció en rueda de prensa el periodista José Israel González.

Los abogados que representan a los comunicadores sociales víctimas de esta “persecución Judicial”, Juan Carlos Torrealba y Emmanuel Ortiz, consignaron además ante el Ministerio Público varias pruebas “pre-constituidas”, “dada la gravedad de los hechos, donde se presume que puede existir “una red organizada” que ha sorprendido la buena fe del estado venezolano, en procura de generar daño a medios de comunicación y periodistas del estado Lara, planificado por Rosangel Granado desde EEUU, y ejecutado por varias personas de Barquisimeto que deberán ser investigadas por la Fiscalía”, dijo a los medios el representante legal Juan Carlos Torrealba.

“Hemos solicitado al Ministerio Público que por vía de oficio y con extrema urgencia, solicite al Tribunal Tercero Penal de Juicio la suspensión de la causa que se sigue contra el periodista, hasta tanto se verifique la autenticidad del poder de representación judicial utilizado por la abogado Almarina Ferrer para demandarlo, y determinar tras las investigaciones las responsabilidades sobre una eventual actividad fraudulenta contra José Israel González y Daniel Rodríguez, y en perjuicio de instituciones públicas del estado”, expresó Torrealba. 

Con este poder que deviene del poder falso de Aroa, la abogada Almarina Ferrer demandó al periodista José Israel González

Para finalizar en sus declaraciones a los medios de comunicación presentes, los abogados que representan a los periodistas víctimas de este “entramado fraudulento”, anunciaron que consignarán de inmediato ante el Tribunal Tercero Penal de Juicio la solicitud de “Nulidad Absoluta” de la demanda introducida por la abogada Almarina Ferrer contra José Israel González, y entregarán ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional la denuncia con sus respectivas pruebas, para que esta instancia parlamentaria investigue la gravedad de este “fraude continuado” contra el Poder Judicial del estado Lara y contra la Vicepresidencia de la República a través del Saren.

Resulta de la inspección del tribunal en el Saren de Aroa, estado Yaracuy, donde se confirma que no existe el poder otorgado por Rosangel Granado

Igualmente entregarán a la presidencia del Circuito Penal del estado Lara, a cargo del Magistrado Luis Ramón Díaz la denuncia formulada ante la Fiscalía del Ministerio Público, para que se conozca la gravedad de los hechos, y en consecuencia tomen las medidas respectivas a los fines resarcir el fraude causado al Poder Judicial en la región.