Internacionales
EN DETALLE: Conozca el caso de los empresarios argentinos procesados por lavado dinero tras negocios millonarios con el chavismo

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los años del kirchnerismo vendieron insumos a Venezuela por una cifra estimada por la justicia en 305 millones de dólares.
La cabeza del grupo de empresarios que fue procesado es Juan José Levy, un argentino que se enriqueció gracias a los negociados que se hicieron con Venezuela. También fueron procesados -entre otros- los hermanos del empresario que tuvo relaciones aceitadas con dirigentes kirchneristas: Alejandro Javier y Carlos Alberto Levy.
La organización comandada por Juan José Levy tenía las empresas Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Las firmas de Levy vendieron toallas femeninas, pañales, suavizante para ropa, shampoo y acondicionador de pelo. Pero también televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisión digital.
Las compras se hicieron a través de un convenio de cooperación firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Argentina recibía combustible venezolano, pero no lo pagaba. El dinero se depositaba en un fideicomiso que se usaba para financiar exportaciones argentinas a Venezuela que tenía problemas para conseguir algunos insumos. La intención era fomentar las exportaciones de productos argentinos a Venezuela.
Se probó en la causa que las empresas de Levy cobraron enormes sobreprecios a los venezolanos y que luego de recibir el dinero hicieron transferencias a sociedades -muchas sin actividad comercial- y cuentas desperdigadas por distintos lugares del mundo. Según la resolución firmada por Aguinsky, a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se produjo un “enjuague” del dinero que se cobró lícitamente, aunque producto de la venta de productos con grandes sobreprecios.
Según se estipuló en los contratos firmados entonces, las empresas que enviaban productos a Venezuela recibían un adelanto del 50 o 60 por ciento de lo pactado. Eso implica, según el juez, que no había un cuantioso riesgo empresario de un posible no cobro que justificara los sobreprecios detectados. Para el juez, los sobreprecios que cobraron los empresarios argentinos resultaron un perjuicio para el estado venezolano.
El magistrado dictó los procesamientos en una resolución de 600 páginas. Redactó un “proemio” en el que precisó de manera didáctica como se llevó a cabo la operación en general y luego desarrolló cada uno de los hechos que se produjeron en torno a la maniobra.
Aguinsky explicó que en el expediente se analizaron “hechos vinculados a una serie de contratos de provisión de bienes y/o servicios suscriptos en el marco de un acuerdo binacional entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregó: “En efecto, pese a que los convenios suscriptos entre ambos países hacen referencia a la realización de intercambios comerciales a ´precios competitivos a nivel internacional´, las mercaderías vendidas, como así también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme SAIC, Bleu Tel S.A., Corporación Gulfos S.A. y Grupo Núcleo S.A., habrían sido con precio excesivo, esto es, contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas Argentinas a otros países o en relación a similares productos vendidos por otras empresas a Venezuela o a otros Estados”.
Cuando el juez habla de “presuntos proveedores” es porque las empresas de Levy le compraban insumos en China a otras empresas que también eran de Levy y que luego enviaban los productos a Venezuela. Es decir que-según se desprende del procesamiento- las empresas argentinas les compraban a supuestos proveedores chinos (que eran también de Levy) y con las facturas justificaban los sobreprecios. Luego el dinero circulaba por cuentas de Levy y de su estructura de negocios por diferentes lugares del mundo. Así fue que se detectaron depósitos en bancos de Estados Unidos, Panamá, Suiza, Austria, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros sitios. El juez señaló que: “El enjuague de dinero que se efectuó con posterioridad terminó siendo el delito investigado”.
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ÚLTIMA HORA | Partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo (DOCUMENTO)

El partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. La agrupación política envió una carta a los magistrados de la CIJ para reiterar su postura frente a este conflicto.
En la misiva, Prociudadanos expresa que su posición se basa en una cuidadosa consideración y consulta con asesores legales internos. Sostienen firmemente que la controversia en torno al Territorio del Esequibo está contemplada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece un mecanismo para resolver el conflicto a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana. Según la organización, este marco bilateral, acordado por ambas partes, define claramente los objetivos acordados y el curso de acción para resolver disputas territoriales.
Además, resaltan la importancia del principio del consentimiento en el derecho internacional. Indican que el consentimiento de ambas partes involucradas en una disputa es necesario para que la CIJ pueda ejercer jurisdicción. En este caso particular, Venezuela ha sostenido consistentemente que la CIJ carece de jurisdicción en asuntos relacionados con disputas territoriales. El gobierno venezolano ha afirmado su derecho a resolver esta cuestión mediante negociaciones directas con Guyana, en línea con el Acuerdo de Ginebra.
Basándose en estas consideraciones legales, Prociudadanos solicita respetuosamente que la Corte Internacional de Justicia reconozca su falta de jurisdicción en la disputa del Territorio Esequibo y posponga el asunto al mecanismo bilateral establecido en el Acuerdo de Ginebra. La organización considera que la defensa de los principios del derecho internacional, incluido el respeto al consentimiento y la adhesión a los acuerdos bilaterales, es esencial para mantener la integridad y la equidad del sistema jurídico internacional.
A continuación el documento integro:






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LO ULTIMO | Ministro de Relaciones Exteriores Ruso, Serguéi Lavrov, se reunirá con su homólogo venezolano, Yván Gil, en Moscú el próximo 16 de noviembre

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunirá con su homólogo venezolano, Yván Gil, en Moscú el próximo 16 de noviembre. El propósito de la reunión será discutir la cooperación bilateral y los planes a largo plazo de ambos países. María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, informó durante su conferencia de prensa semanal que las negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Venezuela se llevarán a cabo en la fecha mencionada.
Zajárova también destacó que Lavrov y Gil abordarán las formas de fortalecer la cooperación multifacética y la asociación estratégica a largo plazo entre Rusia y Venezuela. Cabe mencionar que Gil ya se ha reunido con Lavrov en dos ocasiones a lo largo de 2023.
Esta visita se produce en un momento en el que se han difundido informaciones sobre una posible visita del líder venezolano, Nicolás Maduro, a Rusia antes de fin de año, según fuentes no confirmadas.
Estas reuniones tienen lugar en medio de una disputa por el territorio de Esequibo y el respaldo anunciado por Estados Unidos a Guyana.
Con información de EFE
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ÚLTIMA HORA | Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo

Este miércoles, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo como parte de la investigación de un juicio político relacionado con presuntas irregularidades del mandatario. Los citados para comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja son Hunter Biden y James Biden, hijo y hermano del presidente, respectivamente, así como un socio llamado James Walker.
Estas citaciones marcan la primera vez que se convoca a miembros de la familia Biden desde el inicio de la investigación a fines de septiembre. Los republicanos, que actualmente controlan la Cámara de Representantes, han acusado durante mucho tiempo a Biden de tráfico de influencias en beneficio de sus familiares en negocios en países extranjeros como Ucrania y China.
El congresista James Comer declaró en un comunicado que el comité ha seguido la pista del dinero y ha recopilado pruebas que revelan cómo Joe Biden tenía conocimiento, participaba y se beneficiaba de los esquemas de tráfico de influencias de su familia. Comer añadió que, a diferencia de las muchas mentiras que el presidente Biden ha dicho al pueblo estadounidense sobre los negocios de su familia, los registros bancarios no mienten.
Además de Hunter Biden, James Biden y James Walker, se ha solicitado el testimonio escrito de Melisa Cohen (esposa de Hunter Biden), Sara Biden (esposa de James Biden), Hallie Biden (viuda de Beau Biden, hijo del presidente) y Elizabeth Secundy (hermana de Hallie Biden). Los negocios de la familia Biden, especialmente los de Hunter Biden, han sido objeto de ataques por parte de los republicanos durante años. En el caso de Hunter, las críticas han adquirido un tono sensacionalista debido a su pasado de adicción a las drogas, del cual se han filtrado cientos de fotografías. Hunter Biden también está enfrentando cargos por posesión ilegal de armas y ha sido investigado por irregularidades en sus declaraciones de impuestos.
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