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EN DETALLE: Asamblea Nacional ecuatoriana aprueba juicio político de censura contra el presidente Guillermo Lasso

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La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes llevar a un juicio político de censura al presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, acusado por la oposición de presunto peculado (malversación) en empresas públicas.

Con el voto de 88 legisladores, de 116 presentes, 23 en contra y 5 abstenciones, se aprobó la moción presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-17).

Con esa votación, el pleno de la Asamblea resolvió “enjuiciar políticamente al Presidente de la República” por la “infracción constitucional de peculado”, admitida a trámite por la Corte Constitucional”.

La resolución se alcanzó con el concurso de varios grupos políticos, sobre todo del opositor UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes.

Según la acusación descrita en la resolución legislativa, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.

De acuerdo a Veloz, el presidente Lasso, junto a un delegado suyo, Hernán Luque, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.

Asimismo, asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.

El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, “continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político” contra Lasso, para lo cual debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.

También dispone que se notifique al presidente Lasso “con la presente resolución” y que se le entregue “el expediente íntegro de este proceso”.

La resolución de la mayoría legislativa se dio tras un polémico proceso de revisión de la propuesta de juicio político, que empezó con la admisión a trámite por el presunto delito de peculado, calificado por la Corte Constitucional, que sin embargo desecho en el trámite otras causas como concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito. EFE

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ÚLTIMA HORA | Partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo (DOCUMENTO)

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El partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. La agrupación política envió una carta a los magistrados de la CIJ para reiterar su postura frente a este conflicto.

En la misiva, Prociudadanos expresa que su posición se basa en una cuidadosa consideración y consulta con asesores legales internos. Sostienen firmemente que la controversia en torno al Territorio del Esequibo está contemplada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece un mecanismo para resolver el conflicto a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana. Según la organización, este marco bilateral, acordado por ambas partes, define claramente los objetivos acordados y el curso de acción para resolver disputas territoriales.

Además, resaltan la importancia del principio del consentimiento en el derecho internacional. Indican que el consentimiento de ambas partes involucradas en una disputa es necesario para que la CIJ pueda ejercer jurisdicción. En este caso particular, Venezuela ha sostenido consistentemente que la CIJ carece de jurisdicción en asuntos relacionados con disputas territoriales. El gobierno venezolano ha afirmado su derecho a resolver esta cuestión mediante negociaciones directas con Guyana, en línea con el Acuerdo de Ginebra.

Basándose en estas consideraciones legales, Prociudadanos solicita respetuosamente que la Corte Internacional de Justicia reconozca su falta de jurisdicción en la disputa del Territorio Esequibo y posponga el asunto al mecanismo bilateral establecido en el Acuerdo de Ginebra. La organización considera que la defensa de los principios del derecho internacional, incluido el respeto al consentimiento y la adhesión a los acuerdos bilaterales, es esencial para mantener la integridad y la equidad del sistema jurídico internacional.

A continuación el documento integro:

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LO ULTIMO | Ministro de Relaciones Exteriores Ruso, Serguéi Lavrov, se reunirá con su homólogo venezolano, Yván Gil, en Moscú el próximo 16 de noviembre

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunirá con su homólogo venezolano, Yván Gil, en Moscú el próximo 16 de noviembre. El propósito de la reunión será discutir la cooperación bilateral y los planes a largo plazo de ambos países. María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, informó durante su conferencia de prensa semanal que las negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Venezuela se llevarán a cabo en la fecha mencionada.

Zajárova también destacó que Lavrov y Gil abordarán las formas de fortalecer la cooperación multifacética y la asociación estratégica a largo plazo entre Rusia y Venezuela. Cabe mencionar que Gil ya se ha reunido con Lavrov en dos ocasiones a lo largo de 2023.

Esta visita se produce en un momento en el que se han difundido informaciones sobre una posible visita del líder venezolano, Nicolás Maduro, a Rusia antes de fin de año, según fuentes no confirmadas.

Estas reuniones tienen lugar en medio de una disputa por el territorio de Esequibo y el respaldo anunciado por Estados Unidos a Guyana.

Con información de EFE

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ÚLTIMA HORA | Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo

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Este miércoles, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo como parte de la investigación de un juicio político relacionado con presuntas irregularidades del mandatario. Los citados para comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja son Hunter Biden y James Biden, hijo y hermano del presidente, respectivamente, así como un socio llamado James Walker.

Estas citaciones marcan la primera vez que se convoca a miembros de la familia Biden desde el inicio de la investigación a fines de septiembre. Los republicanos, que actualmente controlan la Cámara de Representantes, han acusado durante mucho tiempo a Biden de tráfico de influencias en beneficio de sus familiares en negocios en países extranjeros como Ucrania y China.

El congresista James Comer declaró en un comunicado que el comité ha seguido la pista del dinero y ha recopilado pruebas que revelan cómo Joe Biden tenía conocimiento, participaba y se beneficiaba de los esquemas de tráfico de influencias de su familia. Comer añadió que, a diferencia de las muchas mentiras que el presidente Biden ha dicho al pueblo estadounidense sobre los negocios de su familia, los registros bancarios no mienten.

Además de Hunter Biden, James Biden y James Walker, se ha solicitado el testimonio escrito de Melisa Cohen (esposa de Hunter Biden), Sara Biden (esposa de James Biden), Hallie Biden (viuda de Beau Biden, hijo del presidente) y Elizabeth Secundy (hermana de Hallie Biden). Los negocios de la familia Biden, especialmente los de Hunter Biden, han sido objeto de ataques por parte de los republicanos durante años. En el caso de Hunter, las críticas han adquirido un tono sensacionalista debido a su pasado de adicción a las drogas, del cual se han filtrado cientos de fotografías. Hunter Biden también está enfrentando cargos por posesión ilegal de armas y ha sido investigado por irregularidades en sus declaraciones de impuestos.

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