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AMPLIAMOS: Presidente de Uganda aprobó la polémica ley anti-homosexualidad que incluye pena de muerte

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El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha aprobado una polémica ley contra la homosexualidad que incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos y que fue condenada por países occidentales, según informó hoy la presidenta del Parlamento ugandés, Anita Annet Among.

Museveni «ha ejecutado su mandato constitucional (…). Ha dado su consentimiento a la Ley Anti-Homosexualidad», afirmó Among en su cuenta de la red social Twitter sobre una de las leyes contra la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers) más estrictas del mundo.

«Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo», subrayó la presidenta del Legislativo ugandés.

Among agradeció a Museveni su «firme acción en interés de Uganda» y a los parlamentarios que aprobaron la norma «por resistir toda la presión de los intimidadores y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país».

«El pueblo de Uganda ha hablado y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, inalterable y firme», concluyó.

Museveni promulgó el nuevo proyecto de ley que el Parlamento aprobó el pasado día 2 y que aún incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos, pese al deseo del mandatario de que se suavizara el texto original tras una dura condena de Occidente.

El jefe de Estado se había negado a ratificar el polémico proyecto aprobado el pasado 21 de marzo por el Parlamento, y pidió que se modificara para que no condene la identidad de las personas LGBTIQ, sino sus actos.

La Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios secundó la petición del presidente y anuló las cláusulas que aludían a la identidad.

Según la presidenta de la comisión, Robina Rwakoojo, esa enmienda procedió porque «la intención del proyecto es criminalizar los actos sexuales cometidos por personas del mismo sexo y no castigar a una persona con base en su sexualidad percibida o apariencia física«.

Sin embargo, el delito de la «homosexualidad agravada» (término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables) se mantiene castigado con la pena de muerte.

La versión anterior también requería que los ugandeses informaran a la Policía de cualquier actividad homosexual sospechosa o, de lo contrario, se podían enfrentar a seis meses de prisión.

Los legisladores acordaron enmendar esa disposición después de que Museveni advirtiera el mes pasado de que se corre el riesgo de provocar «conflictos en la sociedad».

Ahora, el requisito de informar se aplica sólo a los presuntos delitos sexuales contra niños y personas vulnerables, con una pena aumentada a cinco años de cárcel.

De acuerdo con la ley recién promulgada, cualquier persona que «promueva la homosexualidad a sabiendas» puede ser condenada a hasta veinte años de cárcel, una disposición que no se modificó con respecto al proyecto de ley original.

El texto legislativo ha sido duramente criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, así como por organizaciones de derechos humanos.

«Es abominable que el parlamento haya retenido el proyecto de ley contra la homosexualidad que fue aprobado por el Parlamento de Uganda en marzo. Esta ley despectiva viola descaradamente los derechos humanos de las personas LGBTI en Uganda», denunció el pasado día 2 Amnistía Internacional (AI).

En 2014, Museveni ya aprobó una ley que pedía la cadena perpetua para los «homosexuales reincidentes», pero el Tribunal Constitucional ugandés acabó anulándola tras argumentar que no hubo suficiente cuórum durante su votación en el Parlamento.

En la actualidad, en Uganda prevalece una ley de 1950 que penaliza hasta con cadena perpetua las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, si bien no suele aplicarse.

EFE

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ÚLTIMA HORA | Partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo (DOCUMENTO)

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El partido político Prociudadanos reafirmó hoy su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no posee la competencia necesaria para actuar como árbitro imparcial en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. La agrupación política envió una carta a los magistrados de la CIJ para reiterar su postura frente a este conflicto.

En la misiva, Prociudadanos expresa que su posición se basa en una cuidadosa consideración y consulta con asesores legales internos. Sostienen firmemente que la controversia en torno al Territorio del Esequibo está contemplada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece un mecanismo para resolver el conflicto a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana. Según la organización, este marco bilateral, acordado por ambas partes, define claramente los objetivos acordados y el curso de acción para resolver disputas territoriales.

Además, resaltan la importancia del principio del consentimiento en el derecho internacional. Indican que el consentimiento de ambas partes involucradas en una disputa es necesario para que la CIJ pueda ejercer jurisdicción. En este caso particular, Venezuela ha sostenido consistentemente que la CIJ carece de jurisdicción en asuntos relacionados con disputas territoriales. El gobierno venezolano ha afirmado su derecho a resolver esta cuestión mediante negociaciones directas con Guyana, en línea con el Acuerdo de Ginebra.

Basándose en estas consideraciones legales, Prociudadanos solicita respetuosamente que la Corte Internacional de Justicia reconozca su falta de jurisdicción en la disputa del Territorio Esequibo y posponga el asunto al mecanismo bilateral establecido en el Acuerdo de Ginebra. La organización considera que la defensa de los principios del derecho internacional, incluido el respeto al consentimiento y la adhesión a los acuerdos bilaterales, es esencial para mantener la integridad y la equidad del sistema jurídico internacional.

A continuación el documento integro:

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LO ULTIMO | Ministro de Relaciones Exteriores Ruso, Serguéi Lavrov, se reunirá con su homólogo venezolano, Yván Gil, en Moscú el próximo 16 de noviembre

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunirá con su homólogo venezolano, Yván Gil, en Moscú el próximo 16 de noviembre. El propósito de la reunión será discutir la cooperación bilateral y los planes a largo plazo de ambos países. María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, informó durante su conferencia de prensa semanal que las negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Venezuela se llevarán a cabo en la fecha mencionada.

Zajárova también destacó que Lavrov y Gil abordarán las formas de fortalecer la cooperación multifacética y la asociación estratégica a largo plazo entre Rusia y Venezuela. Cabe mencionar que Gil ya se ha reunido con Lavrov en dos ocasiones a lo largo de 2023.

Esta visita se produce en un momento en el que se han difundido informaciones sobre una posible visita del líder venezolano, Nicolás Maduro, a Rusia antes de fin de año, según fuentes no confirmadas.

Estas reuniones tienen lugar en medio de una disputa por el territorio de Esequibo y el respaldo anunciado por Estados Unidos a Guyana.

Con información de EFE

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ÚLTIMA HORA | Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo

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Este miércoles, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos convocaron a miembros de la familia del presidente Joe Biden a declarar ante el Legislativo como parte de la investigación de un juicio político relacionado con presuntas irregularidades del mandatario. Los citados para comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja son Hunter Biden y James Biden, hijo y hermano del presidente, respectivamente, así como un socio llamado James Walker.

Estas citaciones marcan la primera vez que se convoca a miembros de la familia Biden desde el inicio de la investigación a fines de septiembre. Los republicanos, que actualmente controlan la Cámara de Representantes, han acusado durante mucho tiempo a Biden de tráfico de influencias en beneficio de sus familiares en negocios en países extranjeros como Ucrania y China.

El congresista James Comer declaró en un comunicado que el comité ha seguido la pista del dinero y ha recopilado pruebas que revelan cómo Joe Biden tenía conocimiento, participaba y se beneficiaba de los esquemas de tráfico de influencias de su familia. Comer añadió que, a diferencia de las muchas mentiras que el presidente Biden ha dicho al pueblo estadounidense sobre los negocios de su familia, los registros bancarios no mienten.

Además de Hunter Biden, James Biden y James Walker, se ha solicitado el testimonio escrito de Melisa Cohen (esposa de Hunter Biden), Sara Biden (esposa de James Biden), Hallie Biden (viuda de Beau Biden, hijo del presidente) y Elizabeth Secundy (hermana de Hallie Biden). Los negocios de la familia Biden, especialmente los de Hunter Biden, han sido objeto de ataques por parte de los republicanos durante años. En el caso de Hunter, las críticas han adquirido un tono sensacionalista debido a su pasado de adicción a las drogas, del cual se han filtrado cientos de fotografías. Hunter Biden también está enfrentando cargos por posesión ilegal de armas y ha sido investigado por irregularidades en sus declaraciones de impuestos.

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